Este artículo, publicado originalmente en inglés por WBEZ, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).
Por Esther Yoon-Ji Kang , Natalie Moore y María Inés Zamudio
Después de perder dos trabajos en restaurantes en marzo cuando la ciudad de Chicago se detuvo, Margarito Lucero encontró un trabajo temporal en una fábrica. Inmigrante indocumentado y residente de La Villita de Chicago, quien le había dicho a su esposa que la mayoría de sus compañeros de trabajo eran trabajadores temporales reemplazando a los de tiempo completo quienes se habían contagiado de COVID-19.
Sin embargo, Lucero, de 51 años de edad, necesitaba trabajar para mantener a su familia aquí y en México. En dos semanas, cayó enfermo. Dos semanas después, el padre de tres hijos, quien no tenía enfermedades preexistentes, murió.
Al poco tiempo después que el COVID-19 comenzara a expandirse en el asilo de ancianos Costa Sur o South Shore donde vivía Herbert Adams, el hombre de 64 años le había contado a su familia que tenía dolores de cabeza y escalofríos. El asilo le aseguró a su esposa de 43 años, Diana Adams, que no había presentado fiebre y parecía estar bien.
Unos días después, el asilo de ancianos le informó a Diana que Herbert había dado positivo al COVID-19. Más tarde, un ama de llaves lo encontró en malas condiciones. Tiempo después, Herbert Adams murió en el Hospital Jackson Park.
Fernando Vera, de 54 años, pasó mucho tiempo yendo a hospitales debido a complicaciones de salud a causa de la diabetes. Sus estadías hospitalarias eran a menudo agobiantes, por lo que cuando se contagió con COVID-19, prefirió evitar ir a un hospital. Una semana más tarde, falleció en su departamento de La Villita.
“No pude verlo durante tres días porque estaba muy enferma”, dijo su hija, Julie Vera. “Mi papá, lamentablemente, falleció solo”.
Jillian Woodbury, a sus 32 años, vivía en el Centro de Cuidados de la Playa Arcoíris o Rainbow Beach Care Center, un hogar de ancianos para personas con discapacidad mental. Hacia fines de abril, la llevaron de urgencia por una infección urinaria al Hospital de la Costa Sur o South Shore Hospital. Días después, murió allí de COVID-19. Su familia todavía siente dolor por la falta de comunicación entre el hospital y el asilo de ancianos en relación a la condición de Woodbury y los resultados de las pruebas del coronavirus.
La mayoría de los pacientes de ese hospital son afroamericanos, dijo Nichole Marshall, prima de Woodbury. “En la mente de algunos, eso significa que eres desechable”.
“Mucho de esto es sistémico, no individual”, dijo Marshall. “Pero ella, a la larga, se convirtió en una víctima de ese sistema que trata con indiferencia a la gente pobre y de color, quienes no tiene acceso a los recursos y apoyo que otros tienen en la ciudad”.
La primera persona que murió de COVID-19 en Illinois fue una mujer de raza negra de Chicago, llamada Patricia Frieson. Murió el 16 de marzo. Nueve días después, murió su hermana Wanda Bailey. WBEZ fue el primero en informar un mes después que el 70% de las muertes a causa del virus correspondían a residentes afroamericanos. Desde ese entonces, son los latinos en Chicago quienes han presentado las tasas más altas de contagios.
Estos primeros indicadores de cruda disparidad racial motivaron a un equipo de reporteros de WBEZ a entrevistar, durante un período de dos meses, a cientos de familiares de residentes de Chicago que habían fallecido a causa del COVID-19, desde el 16 de marzo hasta el 9 de mayo. Esfuerzo exhaustivo que se centró en cuatro zonas de Chicago según código postal, las que ilustran con claridad las desigualdades de la ciudad durante la pandemia y dejan en evidencia las razones. Por último, los familiares de las 50 víctimas hablaron con WBEZ sobre la vida, miedos y momentos finales de sus seres queridos, quienes perdieron sus vidas a causa del COVID-19.
Las áreas de códigos postales
El área de código postal 60649 comprende la mayor parte de la comunidad afroamericana en la Costa Sur, un vecindario ubicado a orillas del lago por el lado sur que lucha contra el crimen y despojo. La cifra de desempleo es superior al 17%, mientras que la renta media por familia es apenas la mitad del promedio de la ciudad y solo uno de cada cinco habitantes es propietario de un hogar. Desde el 8 de agosto, también tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta en Chicago, con 123 personas fallecidas — aproximadamente 27 de cada 10,000 residentes, de acuerdo a las cifras oficiales de Chicago.
Alrededor del 67% de los entrevistados por WBEZ dijeron que sus familiares contaban con algún tipo de seguro estatal. Y el 83% señaló que no confiaba en los centros de cuidado y hospitales de la comunidad más cercanos. Algunos evitaban acudir a estos últimos, de hecho una víctima tomó un Uber hacia un hospital en los suburbios.
El área de código postal 60623 contempla la más alta tasa de infecciones por COVID-19 en Chicago y el más alto número de muertes. Al 8 de agosto, un total de 3,900 residentes allí habían dado positivo — más de 450 por cada 10,000 residentes — y 154 habían fallecido. Esta área abarca mayormente a un vecindario de inmigrantes latinos en La Villita y a un vecindario mayoritariamente de personas de raza negra de North Lawndale. Menos del 10% de los adultos han obtenido un grado universitario o un nivel de educación superior, el desempleo es cercano al 12% y un tercio de las familias viven en la pobreza.
Aproximadamente el 70% de los encuestados que residen en el 60623 cree que sus seres queridos se infectaron en el trabajo o después del mismo, al haber esparcido el virus a sus familiares multigeneracionales.
En la zona norte, cerca del centro de la ciudad, las áreas de código postal 60611 y 60610 tuvieron la menor tasa de muertes por COVID-19 entre las zonas más pobladas de la ciudad. Al 8 de agosto, tres personas habrían muerto en la zona 60611; eso es menos de una muerte por cada 10,000 residentes. Dicha área incluye Streeterville, un acomodado sector, repleto de servicios, donde residen personas de raza blanca cuyas expectativas de vida llegan a los 90 años de edad. Esto es un potente recordatorio de cómo la segregación en la ciudad fomenta las brechas entre la vida y la muerte. Además, allí se ubica el Hospital Northwestern Memorial, un centro de salud académico reconocido a nivel nacional.
Un total de 10 personas han fallecido por el COVID 19 en el 60610, es decir, tienen alrededor de 2.6 muertes por cada 10,000 habitantes. Dicho código postal incluye vecindarios ubicados en el lado norte de Chicago como el acomodado barrio de Costa de Oro o Gold Coast. Asimismo, en las áreas 60610 y 60611, más del tres cuarto de los residentes tienen al menos un título profesional, el desempleo está por debajo del 4% y solo uno de cada 10 hogares vive en la pobreza.
Para las áreas de códigos postales de Chicago que presentan las más altas tasas de infecciones y muertes por COVID-19, los resultados de la encuesta y datos revelaron que las tasas más altas de afecciones subyacentes conducen por lo general a consecuencias más graves a causa de la enfermedad; así como también a índices más altos de trabajadores imprescindibles y otros que no pueden trabajar de forma remota, y finalmente viviendas más hacinadas donde el distanciamiento social es a veces imposible.
Todos estos factores efectivamente contribuyeron a las diferencias de casos y muertes por COVID-19 entre las comunidades afroamericanas y latinas de Chicago. También ilustran las condiciones sistémicas permanentes que hicieron que el impacto desproporcionado de la pandemia fuera predecible.
Estas áreas también dependían en gran parte de los hospitales comunitarios de escasos recursos y sobrepasados, lidiaron con pruebas inadecuadas durante los primeros días de la pandemia, y experimentaron algunos de los brotes más grandes ocurridos en los hogares de ancianos en Illinois. Estos factores podrían haberse resuelto considerando los riesgos ya conocidos a los que estas comunidades vulnerables se enfrenta. Además, lo anterior plantea interrogantes sobre cómo se prepararon las instituciones médicas y los funcionarios públicos para afrontar la pandemia y las medidas que se tomaron una vez que las disparidades raciales se hicieron evidentes.
Para descifrar el rol que desempeñaron los hospitales, WBEZ se puso en contacto con varios hospitales para que entregasen sus propios datos sobre recuentos de pacientes, camas de unidad de cuidado intensivo (UCI) y ventiladores. En particular, WBEZ buscaba comparar el Hospital de Northwestern Memorial en Streeterville con hospitales de redes asistenciales ubicados cerca de los dos códigos postales de Chicago con el mayor número de muertes por COVID-19, entre ellos: El Hospital San Antonio o Saint Anthony Hospital, el Hospital del Monte Sinaí o Mount Sinai Hospital, el Hospital del Parque Jackson o Jackson Park Hospital y el Hospital Costa Sur o South Shore Hospital. El Hospital Saint Anthony fue el único hospital que dio información.
El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) también negó las solicitudes de registros a WBEZ sobre hacia dónde la ciudad ha distribuido sus reservas de suministros, como mascarillas y batas. Esta es solo una de las formas en que los hospitales pueden obtener suministros, pero muchos hospitales pequeños y con limitaciones económicas no pueden pagar precios tan altos en el mercado privado y dependen de las reservas de la ciudad.
WBEZ también solicitó el número de pacientes contagiados, muertes a causa del virus, ventiladores, y camas de UCI por hospital. Estas solicitudes también fueron denegadas. A su vez, WBEZ ha presentado una demanda bajo la Ley de Libertad de Información de Illinois y ha presentado apelaciones ante la Oficina del fiscal general de Illinois para obtener otros registros.
Además de citar varias exenciones, la ciudad argumenta que la divulgación de información específica del hospital podría poner en peligro las relaciones con los centros médicos.
“El CDPH depende de la cooperación de los hospitales y los proveedores de atención médica para llevar a cabo el plan de emergencia COVID-19”, así respondieron los funcionarios de salud pública de Chicago a la demanda.
Los funcionarios de salud pública de Chicago han enfatizado que el estado de Illinois es el que regula los hospitales, no la ciudad de Chicago.
Aunque que no hay cooperación por parte de los hospitales o la ciudad en cuanto a información, está claro que existen grandes brechas de recursos entre el centro de salud académico ubicado en centro de la ciudad y los hospitales comunitarios. Por ejemplo, en su informe de costos más reciente, Northwestern Memorial reportó $7.6 mil millones en ingresos brutos de pacientes, cuatro veces más que el total de todos juntos reportado por los cuatro hospitales comunitarios, según el Directorio de Hospital Americano o American Hospital Directory. Asimismo y durante la pandemia, el Hospital Northwestern recibió alrededor de $14 millones más en fondos del estímulo federal para combatir el coronavirus en virtud de la Ley CARES que los cuatro hospitales comunitarios juntos.
Además, según datos del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), el 83% de los pacientes del Hospital Northwestern encuestados dijeron que definitivamente lo recomendarían, obteniendo la calificación más alta que cualquier hospital de Chicago. Ninguno de los cuatro hospitales comunitarios superó el 62% de aprobación.
Los funcionarios de la ciudad y el estado dijeron que estaban muy al tanto de los riesgos que corrían las comunidades más pobres y que tomaron medidas tempranamente para disminuir el impacto desproporcionado del COVID-19 en Chicago e Illinois.
La Dra. Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, dijo que la ciudad comenzó a prepararse para una posible pandemia el verano pasado. Para cuando el COVID-19 llegó a Chicago, el equipo de gestión de emergencias estaba listo, señaló.
“Pensamos mucho, con nuestros socios, sobre quienes se verían gravemente afectados por una pandemia. ¿Qué necesitaríamos hacer?”, Dijo Arwady. “Resulta que realmente hicimos un trabajo mucho mejor aquí en Chicago que prácticamente en cualquier otra ciudad”.
En abril, la ciudad anunció la creación de su Equipo de Respuesta Rápida para la Equidad Racial, una colaboración entre organizaciones comunitarias para promover la educación, prevención, pruebas, tratamiento y servicios de apoyo, particularmente en las comunidades afroamericanas y latinas afectadas por la pandemia. Entre otras metas, ese trabajo incluyó un alcance comunitario generalizado, la distribución de equipo de protección personal (PPE) y la coordinación entre las comunidades y la ciudad para identificar brechas en los servicios.
En respuesta a las solicitudes de comentarios, la oficina del gobernador de Illinois JB Pritzker envió a WBEZ por correo electrónico una declaración indicando que el estado también había creado un equipo para fomentar la equidad, compuesto por agencias estatales y organizaciones comunitarias “para identificar problemas y patrones emergentes que impactasen a las comunidades vulnerables en cuanto a lo médico y lo social, identificar los recursos disponibles y proponer una recomendación rápida”. El estado también indicó que amplió el alcance de las pruebas, entregó el PPE, consultó con líderes comunitarios y religiosos, proporcionó viviendas alternativas y distribuyó cientos de millones de dólares en subvenciones y otras ayudas a través de una variedad de programas para ayudar a los hospitales comunitarios, así como a inquilinos, propietarios de viviendas y negocios afectados por el COVID-19.
Más que estadísticas
El COVID-19 es un monstruo. Las restricciones de visitantes en hospitales y asilos de ancianos limitan el apoyo de familiares a sus seres queridos. También significa que muchos pacientes mueren solos, lo que intensifica el dolor y la impotencia de los familiares.
Durante las entrevistas con WBEZ, los familiares relataron entre lágrimas sobre sus seres queridos, sus historias personales y de salud, afirmando que sus familiares son más que una estadística de muerte por COVID-19. Sus seres queridos eran tiernos y tercos, divertidos y tenían defectos como cualquiera.
Phillip Thomas, de 48 años de edad, tomaba el autobús todos los días desde South Shore hasta el Walmart en el Parque Evergreen, donde trabajaba como empacador. Cuando Thomas, un diabético con un dedo amputado del pie no se sintió bien, su médico le dijo que debía hacer cuarentena. No hizo caso del consejo y fue al Hospital del Parque Jackson donde dio positivo al COVID-19. Unos días después, el corazón de Thomas se detuvo y murió.
Sadariah Harrell, quien llora, siente que le falló a su madre, Eboney, de 41 años de edad, porque no sabía lo que estaba pasando en el Hospital y Centro Médico Mercy, donde murió su madre. Toda la familia, excepto su bebé recién nacido, dio positivo a la prueba del COVID-19.
Hollis Winters, de 74 años de edad, vivía en un asilo de ancianos y le encantaba cuando su hermana Karen lo llevaba a la iglesia. Incluso había dejado de beber.
Lillie Merrill, de 98 años, provenía de una orgullosa familia de mujeres independientes de Oklahoma. Se mudó al barrio de Englewood en 1955, y regresó a la escuela para poder brindar atención en un hospital.
Robert Sherrell todavía se está enfrentando a la muerte de John, su hermano gruñón, con quien comparte más recuerdos que cualquier otro miembro de la familia.
En 11 días, LaFrieda Poe perdió a su madre, Alice, de 71 años de edad y a su padre, Booker, de 81 años. Espera seguir viviendo y encontrar consuelo en las amadas recetas de su madre, como la del aderezo de Acción de Gracias.
Estene Parham, de 77 años, no bebía café, pero se preparaba una taza todas las mañanas solo para oler su exquisito aroma.
En 1973, Larry Arnold, de 70 años de edad, fue un extra en el clásico libro que se convertiría en película ‘El Espía que se Sentó a la Puerta’ o ‘The Spook Who Sat by the Door’.
Joseph Graham, de 67 años, obtuvo muchos trofeos al competir en concursos de baile.
Comprendiendo las desigualdades raciales
La Dra. Monica Peek atiende a pacientes en el Centro Médico de la Universidad de Chicago y enseña en la escuela de medicina. Su área de especialización es la investigación sobre las desigualdades raciales en el área de la salud. ¿Cuál es su respuesta a los hallazgos de WBEZ? “No me sorprende.”
Las condiciones de vida y de trabajo entre los habitantes afroamericanos y latinos de Chicago aumentaron la amenaza de estar expuestos al coronavirus. La falta de pruebas en sus comunidades durante las primeras semanas de la pandemia permitió que el virus se propagara sin ser detectado entre muchos residentes. Y las más altas tasas de condiciones de salud subyacentes y otras desigualdades estructurales incrementaron el número de víctimas cuando se enfermaron. Esto resultó en tasas más altas de infecciones y muertes.
“No hay una tormenta más perfecta para que esta pandemia azotara nuestra ciudad que es muy segregada en cuanto a raza y clase social”, dijo Peek, agregando que existe un riesgo de contraer COVID-19 según el lugar donde la persona vive.
“Aunque no todas las personas de raza negra viven en comunidades afroamericanas [ellos] siguen siendo de raza negra”, dijo Peek. “Todavía están en riesgo de sufrir los efectos del racismo y un mayor riesgo de enfermedades crónicas”.
El área de código postal 60649 ha estado sujeto a viviendas históricas y desinversión económica, todo aquello afecta a la salud. Esta zona también tiene una de las mayores tasas de asma de la ciudad. Entre los ancianos, el índice de visitas de urgencia relacionados con el asma en la zona 60649 es 10 veces mayor al de la zona 60611 y otras áreas en el centro, según el Atlas de salud de Chicago.
La zona 60623 ha luchado contra el racismo ambiental durante décadas. Incluso durante la pandemia, el 11 de abril, los residentes de La Villita se despertaron con una enorme nube de polvo provocada por una demolición aprobada por la ciudad. El polvo era tan denso que dificultaba la respiración de los residentes. La compañía Hilco había demolido la vieja chimenea de Crawford Coal. Para entonces, la pandemia ya se había apoderado de esa zona con más de 300 contagiados y 15 muertos a causa del COVID-19, el cual justamente ataca el sistema respiratorio.
Las tasas de hospitalizaciones relacionadas con la diabetes tanto en el área de código postal 60649 como en el 60623 — 34.7 y 32.7 por cada 10,000 residentes, respectivamente — son seis veces más altas que en el 60611 y otros códigos postales del centro, donde la tasa es de 5.5 por cada 10,000 residentes, según el Atlas de Salud de Chicago.
Se tiende a pensar que los trabajadores afroamericanos y latinos son trabajadores imprescindibles y que es menos probable que trabajen de forma remota. Eso los pone en mayor riesgo de contraer y propagar el coronavirus.
Además, las casas hacinadas en las comunidades afroamericanas y latinas pueden dificultar el distanciamiento social en el hogar, lo que además puede contribuir a la rápida propagación del virus. Cerca del 38% de los hogares en el 60623 y alrededor del 14% en el 60649 tienen cuatro o más ocupantes, en comparación a solo el 2% en el 60610 y el 60611, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Aproximadamente el 10% de los hogares en el 60623 y alrededor del 4% en el 60649 tienen más de un ocupante por habitación, en comparación al 2% menos tanto en el 60610 como en el 60611.
Aun así, cuando el COVID-19 comenzó su inquietante propagación por todo Chicago, su presencia pasó en gran medida desapercibida en las comunidades afroamericanas y latinas debido a pruebas que se hicieron inadecuadamente, a pesar de las vulnerabilidades de esas áreas. Es así como durante las primeras semanas de la pandemia, las tasas de exámenes en las comunidades latinas estuvieron muy por debajo de las de otras áreas.
A comienzos de la pandemia, las pruebas fueron considerablemente más lentas para todos los habitantes de Chicago de lo que son actualmente, según un análisis de WBEZ sobre datos de la ciudad de Chicago. No fue sino hasta principios de abril, un mes después de la pandemia, que 30,000 residentes de Chicago se harían la prueba del COVID-19, muestra el análisis. En cambio, al menos 30,000 habitantes de Chicago han sido evaluados cada semana desde principios de julio.
Pasarían tres semanas de marzo hasta que la tasa total de pruebas en las zonas afroamericanas se igualase a las áreas donde viven mayormente personas de raza blanca. Y sería recién a fines de abril que la tasa total de pruebas para las áreas latinas se pondría al día.
Para cuando las pruebas llegaron a muchas comunidades afroamericanas y latinas, el virus ya se había propagado ampliamente, como lo afirman los índices de positividad que ocultaban a las de las comunidades blancas donde los riesgos no eran tan altos. Por ejemplo, a principios de mayo, las tasas de pruebas semanales en el 60623 y el 60649, habían superado a las del 60610 y 60611. Pero el análisis muestra que las tasas de positividad semanales eran aún mucho más altas en las áreas 60623 y 60649 — 51% y 22%, respectivamente, para el final de la semana del 2 de mayo — que en las áreas 60610 y 60611 — 11% y 5%, respectivamente.
Los hospitales comunitarios carecen de recursos y de la confianza de la comunidad
Roberto Escobar, de 37 años, murió de COVID-19 luego de contraerlo mientras trabajaba en El Milagro, una fábrica de tortillas ubicada en el lado oeste de la ciudad. No tenía condiciones preexistentes. Antes de que el inmigrante salvadoreño se contagiara, pasó dos semanas con sus padres que estaban de visita.
Escobar era introvertido y solo salía a correr y trabajar. No había visto a sus padres desde que emigró a los Estados Unidos cuando era adolescente. Unos días después de regresar al trabajo, se enfermó.
“Cuando volvió a trabajar, le dije que se protegiera”, dijo Gabriela Hernández, su esposa. “Trató de usar una mascarilla dentro de la fábrica, pero no se le permitió”.
Hernández aseveró que su esposo se contagió en el trabajo ya que nadie más en la familia dio positivo al virus. Dijo que El Milagro no proporcionó el equipo de protección personal adecuado a los trabajadores y que además conoce a las familias de otros trabajadores de El Milagro que murieron a causa del COVID-19. Habló por última vez con los gerentes de la empresa cuando recogió el último cheque de pago de su esposo mientras estaba hospitalizado.
El Milagro rechazó múltiples solicitudes para referirse al caso.
Hernández dijo que su joven y saludable esposo se demoró en buscar atención médica por temor.
“Ahora veo los mensajes de texto entre él y sus compañeros de trabajo”, dijo. “Le decían: ‘No vayas al hospital porque no harán nada para ayudarte’. Y se lo creyó, porque cuando me pidió que llamara a la ambulancia, me dijo: ‘Cariño, no puedo respirar. Pero creo que si voy al hospital me van a matar.”
Escobar murió en el Hospital Saint Anthony, un hospital comunitario católico que provee servicios de salud a las comunidades de La Villita y North Lawndale.
Los hospitales comunitarios, como Saint Anthony, se convirtieron en puntos centrales en el 60623 y el 60649 cuando la pandemia alcanzó su punto máximo. Las comunidades allí dependen mucho de estos hospitales, que sirven como opciones de atención primaria de salud debido a su proximidad y su misión de brindar atención a todos quienes lo necesitan. Por ejemplo, la mitad de los encuestados en el área de código postal 60623, dijeron a WBEZ que sus familiares tenían Medicaid o Medicare, mientras que un tercio no tenía ningún seguro médico. La mayoría de ellos son inmigrantes indocumentados.
No está claro aún si los resultados para los pacientes con COVID-19 se vieron afectados por el lugar donde fueron tratados. Sin embargo, estos hospitales comunitarios enfrentaron arduamente a problemas de recursos, capacidad, personal, equipo y calidad de la atención, según entrevistas con familiares de víctimas, personal del hospital, entre otras fuentes. Muchos residentes ya desconfiaban de los hospitales incluso antes de la pandemia.
Un tercio de los encuestados en el área de código postal 60623 dijo que sus familiares murieron en el Hospital Saint Anthony. Y al menos tres encuestados dijeron que llevaron a sus familiares a otro hospital para evitar ir a Saint Anthony.
La desconfianza se debe a que las familias no podían interceder por sus parientes contagiados ni traducir lo que decían, cosa que han tenido que hacer en el pasado para recibir la atención adecuada. En algunos casos, los familiares dicen que no se les notificó durante días que sus seres queridos habían fallecido. Y, en al menos dos casos, los inmigrantes murieron en sus apartamentos tras evitar ir a un hospital, un resultado que los médicos temían que pasara.
“Sin duda alguna, hay desconfianza”, dijo el Dr. Howard Ehrman, fundador de la Red de alerta para la gente de La Villita o Little Village People’s Response Network, un movimiento comunitario para combatir la pandemia.
Ehrman, excomisionado adjunto de salud de la ciudad y profesor, dijo que la comunidad ha desconfiado del hospital durante décadas. Comenta que les ha dicho a los miembros de la comunidad que eviten ir a ese hospital o al Hospital Monte Sinaí si están enfermos de coronavirus. Ehrman aseguró que el Hospital Stroger, la red médica más grande de la región para pacientes pobres y sin seguro médico, es una mejor opción.
Saint Anthony se encontraba en una seria situación financiera antes de la pandemia. Luego, el 27 de abril, el hospital demandó al Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois, acusando al programa estatal de Medicaid de deberle al hospital $22 millones por los servicios que había brindado a los pacientes desde mediados de febrero.
“Antes de la pandemia de COVID-19 estos problemas eran graves. Ahora, amenazan la capacidad de Saint Anthony de responder a la pandemia”, según la demanda.
“Este quebrantado sistema estatal de atención administrada por Medicaid ha llevado a hospitales comunitarios como Saint Anthony, que no rechazan a nadie y dependen de Medicaid para atender a su altísima población de pacientes pobres, al borde de no poder llevar a cabo su misión”, dice la demanda.
Cuando la pandemia alcanzó su punto máximo, Saint Anthony se vio sobrepasado por las dificultades de las pruebas, la escasez de personal y el elevado número de pacientes.
Saint Anthony luchó por tener acceso a las pruebas y obtener los resultados rápidamente. Por lo general, tomaba 10 días obtener los resultados de las pruebas. El 27 de abril, Francisco Flores murió de COVID-19 en Saint Anthony. Pocos días después de su muerte, su familia recibió una carta que indicada que su prueba del virus había dado negativo.
Entre marzo y mayo, en el punto máximo de la pandemia, el hospital trató a 348 pacientes con COVID-19, según el Dr. Alfredo Mena Lora, el único experto en prevención de infecciones del hospital. Saint Anthony amplió la capacidad de 15 unidades de cuidados intensivos a 34 camas de UCI. El hospital tiene 17 ventiladores y dos máquinas de anestesia que pueden usarse como ventiladores, aunque las autoridades dijeron que el hospital no fue capaz de tener 15 personas con ventiladores al mismo tiempo.
“Los hospitales comunitarios como el nuestro reflejan la comunidad en la que existimos”, dijo Mena Lora. “Creo que nuestra comunidad estaba pasando por momentos extremadamente difíciles y, como hospital, estuvimos unidos”.
El personal del hospital se vio afectado durante la pandemia cuando 15 enfermeras de la UCI renunciaron abruptamente o cancelaron sus turnos. El hospital dependió de su propia red de personal para encontrar otras enfermeras, dijo Sherrie Spencer, directora de enfermería en Saint Anthony. “Aunque perdimos a esas enfermeras, muchas personas se incorporaron a trabajar como enfermeras de planta, incluyéndome a mí y a otros líderes”.
Spencer dijo que hubo noches difíciles. Un viernes por la noche, recibiría una llamada del hospital advirtiéndole que casi 10 nuevos pacientes se habían presentado a la sala de emergencias con síntomas de COVID-19. Temió que el hospital no pudiera acomodarlos a todos tras percatarse que no habían suficientes camas de UCI y respiradores. Afortunadamente, dijo, no todos esos pacientes necesitaban respiradores.
“Hemos tenido noches como esa, donde era como: ‘Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar?’”, comentó. “Ésta comunidad se vio realmente afectada”.
Un problema mayor es que ninguna agencia está coordinando cómo los pacientes son trasladados de un hospital a otro. En la primavera se construyó un hospital de campaña improvisado por $65 millones en McCormick Place para aliviar a los hospitales sobrecargados durante la pandemia, pero la instalación terminó tratando a solo 38 pacientes. Saint Anthony fue uno de los hospitales que tuvo problemas para transferir pacientes a este recinto porque no cumplían con los criterios estrictos, según una investigación de WBEZ.
Incluso cuando un centro médico se ve colapsado, ninguna agencia gubernamental tiene el poder de obligar a los hospitales a aceptar a ninguno de sus pacientes, se determinó en la investigación.
Si bien la ciudad no puede obligar a los hospitales a aceptar traslados, Arwady, el comisionado de salud pública de la ciudad, dijo que los hospitales han cooperado.
“Trabajamos para levantar un sistema y para [aumentar] la capacidad”, dijo. “No queríamos que sucediera en Chicago lo que pasó en Nueva York y en otros lugares donde se vio que habían hospitales sobrepasados con tantos pacientes”.
Arwady dijo que la ciudad distribuyó ventiladores y PPE a los hospitales según sus necesidades. Los ventiladores fueron asignados a grandes hospitales como el Centro Universitario Médico de Rush o Rush University Medical Center ubicado en el oeste de la ciudad, que recibió 41 ventiladores para sus 254 camas de UCI ampliadas, así como a pequeños hospitales comunitarios como el Hospital Jackson Park en el área 60649, que recibió 10 ventiladores para sus 12 camas de UCI. El Centro Médico Comunidad Primero o Community First Medical Center, el Hospital Loretto y Saint Anthony recibieron la mayor cantidad de PPE de la ciudad, dijo. Su departamento no dio más detalles.
Los hospitales comunitarios siguen necesitados y a algunos residentes les da miedo ir, literalmente.
En el Hospital Jackson Park, las enfermeras fueron donde los administradores del hospital para terminar con la reutilización de las batas del hospital, dijo Yulonda Clark, una enfermera de la sala de emergencias que ha tratado a pacientes con COVID-19, incluyendo a enfermos en hogares de ancianos, indigentes, o quienes sufren de alcoholismo o drogadicción.
“No tenemos todo lo que necesitamos”, dijo Clark a fines de junio. Se habían acabado los cubrecalzados y las mascarillas N95 eran demasiado grandes o demasiado pequeñas. “Rara vez, teníamos una que nos quedara bien”, aseveró.
“Uno no quiere abandonar a su paciente, pero al mismo tiempo, uno se pone en riesgo al verlos, de trabajar sin el equipo adecuado”, dijo Clark.
Cuando la mamá de Jesús Segura se enfermó de COVID-19, él quiso llevarla al Hospital Rush, pero la ambulancia la llevó derecho a Saint Anthony, ubicado a dos millas de su casa. Cuando su padre tuvo que ser hospitalizado en Saint Anthony, poco más de una semana después, los recursos allí ya eran limitados.
“La razón por la que mi padre no fue ingresado a la UCI es porque no habían camas disponibles. Todas las camas de la UCI estaban ocupadas, así como todos los ventiladores”, dijo Segura.
Perdió a ambos padres con unas semanas de diferencia. Su madre, María Luisa, de 89 años, falleció el 28 de abril y su padre, Martín Segura, de 82 años, falleció el 18 de mayo.
Segura dijo que trató de encontrar la manera de trasladar a su padre a otro hospital, pero no pudo. A veces se pregunta si sus padres todavía estarían vivos si hubieran ido al Hospital Rush.
Sin embargo, los funcionarios de Saint Anthony dijeron que nunca se quedaron sin camas de UCI.
“Aunque no estuvieras físicamente en el departamento de UCI, creábamos camas UCI”, dijo Spencer, directora de enfermería.
Mena Lora reconoció los desafíos que enfrenta el Hospital Saint Anthony. Dijo que ha estado trabajando sin parar para ayudar a la comunidad a mantenerse saludable.
“Creo que muchos de nuestros pacientes se sienten muy cómodos al venir a nuestras instalaciones, pero esos desafíos persisten”, dijo Lora, quien agregó que a menudo habla con grupos comunitarios. “Es una población muy vulnerable”, agregó. “Incluso en mis semanas de mayor actividad, como hablante nativa de español, traté de informar lo más posible a través de la web y los noticieros”.
Los hogares de ancianos luchan por contener el COVID-19
Además de los hospitales comunitarios, los hogares de ancianos también fueron un foco central durante el punto máximo de la pandemia en el área de código postal de Chicago con la más alta tasa de mortalidad por COVID-19.
Desde el 27 de julio, según el análisis de WBEZ de los registros de la Oficina del médico forense del condado de Cook, más de la mitad de las muertes en el área 60649 estaban vinculadas a los cuatro hogares de ancianos de la comunidad, todos contaban con licencia. La instalación con el número más alto fue el Parque Windsor de Villa ubicado en la calle 2649 E. 75th. A principios de agosto, según datos del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), hubo 48 muertes a causa del COVID-19 vinculadas al Parque Windsor de Villa, el mayor número entre los hogares de ancianos de la ciudad, y uno de los más altos en Illinois.
A principios de abril, Pat King fue al asilo de ancianos la Villa a ver a su madre de 75 años, Rosie Stevens, a quien veía “casi todos los días” antes de la pandemia. King estaba preocupada por su madre. Ya desconfiaba del lugar después de algunos incidentes como cuando los medicamentos para su madre se acabaron.
“Lloré en el vestíbulo y una de las enfermeras dijo: ‘La traeré para que la puedan ver’”, recordó King. Cuando la llevaron, la madre le dijo a su hija que tenía un fuerte resfriado y que había estado tosiendo.
“Y la enfermera dijo: ‘Oh, no digas eso, no le digas que has estado tosiendo mucho’, y mi madre dijo: ‘Bueno, sí, he estado tosiendo mucho’”, dijo King, agregando que había gente “entrando y saliendo sin mascarillas” ese día. “Había señales de que no estaban cuidando a las personas de la forma en que deberían haberlo hecho”.
Stevens dio positivo al COVID-19 en el hogar de ancianos y fue sacada de la habitación que compartía con otros dos residentes. Después de permanecer aislada durante cinco días, su salud no mejoró y fue ingresada al Hospital South Shore. Falleció 13 días después.
Una revisión más detallada al Parque Windsor de Villa y tras entrevistas con numerosas fuentes, reveló que las condiciones de trabajo eran complejas en el lugar, que pasó por cambios mayores de liderazgo y había una grave falta de comunicación con los familiares de los residentes que murieron a causa del COVID-19.
Pero los expertos aseguran que los desafíos en la Villa también son indicativos de problemas más profundos en la industria de los hogares de ancianos, especialmente entre los particulares, ya que las instalaciones donde atienden principalmente a personas de color y de bajos ingresos deben lidiar con el personal, el equipo y la calidad de la atención. Un cuestionario realizado por los centros de atención a largo plazo de IDPH de 2018, muestra que más del 95% de los residentes de Villa son afroamericanos, y casi el 60% de sus ingresos proviene de Medicaid, un seguro del gobierno para pacientes de bajos ingresos.
Al comienzo de la pandemia, la Villa despidió a su administrador, Levi Israel, después de que un activista local llamado Eric Russell afirmó que Israel había dado positivo al COVID-19 pero que seguía yendo a trabajar.
La madre de Russell residía en la Villa en ese momento cuando uno de los miembros del personal le envió un mensaje de texto para contarle sobre una reunión matutina dirigida por Israel.
“Con lágrimas en sus ojos le confesó al personal de alta dirección que él estaba al tanto de que el COVID-19 ya se había propagado por todo el edificio, … y dijo que él mismo había dado positivo”, Russell comentó a WBEZ, resumiendo lo que un miembro del personal de la Villa compartió con él. Dijo que ese miembro del personal de la Villa y varios otros trabajadores se retiraron de la sala como respuesta a los comentarios de Israel.
Villa Healthcare rechazó las solicitudes de entrevistas a WBEZ y, apelando a la política de la empresa, se negó a comentar sobre asuntos de personal que involucren a Israel. En cambio, la compañía emitió una declaración en respuesta a una lista de preguntas diciendo que las declaraciones de Russell “son simplemente incorrectas”.
“Ningún miembro del personal volvió a las instalaciones una vez que dieron positivo por COVID-19 hasta que se les permitió regresar”, según las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), como se lee en el comunicado. El propio Israel no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Francine Rico, una asistente de enfermería certificada, ha trabajado en la Villa durante 23 años y ha hablado con la prensa sobre las condiciones de trabajo allí, incluyendo la falta de PPE y control de infecciones durante la pandemia. Dijo que la escasez de personal siempre ha sido un problema en la instalación, y se agravó cuando el COVID-19 comenzó a expandirse en el edificio.
“Estas son situaciones por las que habíamos estado sufriendo antes de que llegara el COVID-19”, dijo Rico. “Se supone que, en un turno de día, no deberíamos atender a más de ocho a nueve residentes. Entonces, si tengo 12, 13 residentes … ¿cómo podríamos brindar apoyo y una atención de calidad?”
Según los datos informados a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que regulan los hogares de ancianos, el Parque Windsor de la Villa se ubica bajo el percentil 20 en Illinois para el personal de atención directa, como enfermeras y asistentes de enfermeras certificados, que interactúan directamente con los pacientes.
Rico dijo que las mascarillas eran escasas durante las primeras semanas de la pandemia y que la instalación incluso distribuyó ponchos impermeables para que los trabajadores los usaran durante sus turnos.
“Es amarillo. Tiene capucha. Tiene un pequeño cordón. Tiene broches que cierran bien… con eso fue con lo que comenzamos”, dijo Rico, refiriéndose a los ponchos de lluvia. “Fue un desastre. Todo el mundo estaba asustado. Estábamos asustados por nosotros mismos y también por nuestros residentes”.
Las cadenas de asilos de ancianos con fines de lucro, como la Villa, se asocian a una relación más alta entre pacientes y personal, salarios más bajos para el personal básico, menos capacitación y conocimiento de las regulaciones y protocolos de atención entre el personal, así como también a más citaciones y quejas, dijo Lee Friedman, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago que ha estudiado hogares de ancianos.
“Honestamente, no me sorprende, conociendo su historial: su propiedad, sus problemas, sus emplazamientos”, dijo Friedman sobre la lucha de la Villa para contener el COVID-19.
“El nivel de negligencia médica [en hogares de ancianos con fines de lucro] que estuve viendo”, agregó Friedman, “sabía que se traduciría en protecciones deficientes en las instalaciones para los residentes [y] presión sobre el personal para que trabaje incluso si están enfermos, lo que pone en riesgo a los residentes”.
Greg Will, director de investigación del sindicato del Sector de salud SEIU de Illinois, que representa a algunos trabajadores de hogares de ancianos, dijo que la Villa y muchos otros hogares de ancianos con fines de lucro usan sus ingresos para pagar los servicios y equipos a compañías bajo la misma propiedad que el hogar de ancianos.
Por ejemplo, dijo Will, un propietario privado puede ser dueño tanto del funcionamiento del hogar de ancianos como del terreno o edificio donde se encuentra, pero el propietario luego cobra un alquiler alto al hogar de ancianos para ocupar el edificio que posee.
Will dijo que estos pagos, que a menudo están inflados, desvían los ingresos de los hogares de ancianos y dejan menos dinero para la atención directa de los pacientes.
“Es un modelo de extracción de ingresos y ganancias que explotan de un sitio de atención para personas muy vulnerables que están allí porque necesitan la atención”, dijo Will.
Pat Comstock, director ejecutivo del Consejo del Cuidado de Salud de Illinois o Health Care Council of Illinois, un grupo de negociación (lobbying) de hogares de ancianos que representa principalmente a cadenas privadas, se negó a comentar sobre el modelo comercial y los resultados de los pacientes en este tipo de empresas.
“Todos los que están asociados con cualquier centro de atención a largo plazo … han trabajado duro cuidando a los débiles y ancianos” durante la pandemia, dijo.
“Nadie podría haber estado preparado para lo que sucedió”, dijo Comstock, agregando que el estado no dio prioridad a los hogares de ancianos durante las primeras etapas de la pandemia.
Durante las primeras semanas de la pandemia, los funcionarios estatales dijeron que el IDPH se centró en brindar orientación a las instalaciones, particularmente a aquellas con mayor número de casos y muertes, brindando información sobre las prácticas de control de infecciones y el uso adecuado del PPE. A medida que el número de muertos en los hogares de ancianos seguía aumentando, el IDPH incrementó las pruebas en los centros de atención a largo plazo y comenzó a publicar datos sobre los brotes ocurridos en los hogares de ancianos a través de sitio web. En julio, WBEZ informó que la administración del gobernador Pritzker estaba reemplazando a dos altos funcionarios a cargo de la respuesta estatal frente al COVID-19 en hogares de ancianos.
“Desde el principio, sabíamos que los residentes y el personal de los hogares de ancianos serían una de las poblaciones más afectadas”, se lee en el comunicado que la oficina de Pritzker envió por correo electrónico a WBEZ. “Los centros de atención a largo plazo siguen siendo una prioridad y el IDPH exigió que cada uno de ellos desarrollara un plan de pruebas COVID-19 escrito y una estrategia de respuesta”.
Brittany Anderson dijo que la Villa le “falló” a su madre y que su respuesta al brote de COVID-19 fue insuficiente.
“Las personas en las que confiaba para cuidar [de mi madre] no lo hicieron”, dijo Anderson, quien presentó una demanda contra la Villa.
Anderson dijo que llamó y envió un correo electrónico a la Villa durante varias semanas para preguntar sobre cuáles eran los planes de la instalación para proteger del COVID-19 a sus residentes. Su madre de 61 años, Barbara Anderson, solo había estado en la Villa desde noviembre de 2019. Su madre había estado previamente en una casa de reposo y fue trasladada a la Villa para recibir atención más directa para tratar varios problemas de salud, incluyendo una enfermedad autoinmune, problemas cardíacos y trastornos de salud mental.
“No estaba contenta y estuve buscando otros asilos de ancianos, y se tornó frustrante porque ella solo tenía Medicaid, así que las opciones eran escasas”, dijo Anderson, conteniendo sus lágrimas. “Su salud mejoró. … Si el COVID-19 no hubiera sucedido, ella habría estado en casa”.
Sin embargo, la madre de Anderson permaneció encerrada con sus compañeros residentes en la Villa.
Anderson dijo que su madre le comentó que los trabajadores se movían de “una habitación a otra, de un piso a otro sin cambiarse el PPE, que no usaban guantes cuando era necesario”. Añadió que su madre “estaba asustada y seguía preguntándome si se podía ir”.
A medida que el virus se propagaba en el hogar de ancianos, la Villa comenzó a hacer pruebas a sus residentes en el mismo lugar. El 25 de abril, Anderson recibiría una llamada donde le notificaron que su madre había dado positivo.
Dijo que llamó varias veces, pero que el asilo de ancianos nunca le dijo, específicamente, cuántos pacientes habían dado positivo o que le hayan compartido detalles sobre el plan de aislamiento en la instalación.
Anderson dijo que el 2 de mayo, el asilo de ancianos la llamó y le dijo que la condición de su madre había empeorado y que la habían llevado al Hospital South Shore.
“Simplemente sabía que las cosas no irían muy bien para ella en este momento porque no parecía estar bien”, dijo Anderson.
Barbara Anderson murió tras una neumonía relacionada al COVID-19, cinco días después de ser admitida en el hospital.
Anderson dijo que desearía haber hecho más unos seis meses antes para encontrar un asilo de ancianos diferente para su madre. Pero por sobre todo, extraña sus numerosas llamadas telefónicas.
“Solía odiar sus llamadas constantes, especialmente si estaba en el trabajo, porque nunca era una emergencia”, dijo. “O quería decir ‘hola’ o quería pedirme que le comprara bocadillos”.
Ahora, Anderson dice que mira su teléfono y desea que “se suene y diga ‘Mamá’.”
“Pagaría por volver a escuchar esas cuatro o cinco llamadas diarias”, dijo.
Lecciones aprendidas para el futuro
La Dra. Peek, de la Universidad de Chicago, dijo que las lecciones vividas durante la primavera se pueden aplicar en el futuro.
“Sabemos que las cosas van a empeorar en el otoño, si no antes”, dijo Peek. No podemos pretender contener la pandemia si vamos a devolver a las personas del hospital a comunidades y hogares donde hay hacinamiento. Eso empeorará la propagación”.
Los sistemas que deben implementarse no son hospitales de campaña, dijo Peek. La vivienda y los hoteles son la infraestructura necesaria para el cuidado posterior de quienes se están recuperando del COVID-19. “Este es el momento de unirnos para lo que sabemos que se avecina”, dijo.
Peek recientemente fue coautora de un artículo sobre las disparidades raciales, el cual se publicó en la revista American Journal of Public Health, donde destacó las recomendaciones del Equipo de Respuesta Rápida para la Equidad Racial durante el COVID-19, presentado por la alcaldesa Lightfoot. Peek es miembro de ese equipo.
Una gran preocupación es la falta de regionalización de los traslados hospitalarios, lo que permitiría a los hospitales de la red de seguridad, como Saint Anthony, enviar a sus pacientes más enfermos a hospitales de mayores recursos como el Hospital Northwestern, por ejemplo.
Los hogares de ancianos también deben incorporar cambios.
Friedman, profesor de la UIC, dijo: “Si no hay sistemas para identificar los casos tempranamente y luego establecer las pasos adecuados para proteger a los residentes, lamentablemente, va a haber muchas muertes porque las personas en los hogares de ancianos son un grupo de personas de alto riesgo, y va a ser terrible para las familias y para ellos”.
Como directora ejecutiva de los Centros de Impacto Cívico de la Universidad Johns Hopkins, Beth Blauer administra la recopilación de datos del COVID-19 según la raza. Blauer dijo que el hecho de que Illinois entre en nuevas fases no significa que las personas que viven en las comunidades más afectadas con enfermedades crónicas deban comenzar a ir a los centros comerciales o a realizar otras actividades limitadas debido al cansancio que causa estar en cuarentena.
“Hay una falsa sensación de seguridad cuando las normas no están diseñadas para las poblaciones de mayor riesgo”, dijo Blauer. “Quienes crean las políticas están analizando los datos en su conjunto. No están haciendo recomendaciones específicas basadas en los más vulnerables”.
Si bien la ciudad y el estado han reabierto gradualmente en los últimos meses a medida que las tasas generales de positividad y el recuento promedio de casos cada siete días ha disminuido, esas métricas siguen siendo elevadas en las áreas mayoritariamente afroamericanas y latinas en Chicago.
Por ejemplo, una tasa de positividad de o menor al 20% fue una de las métricas de referencia utilizadas para determinar si las regiones del estado podían pasar de la Fase 3 a la Fase 4 a finales de junio, que incluía la reapertura parcial de restaurantes, algunas actividades al aire libre y negocios o servicios no esenciales. Las áreas de códigos postales 60610 y 60611 estaban cómodamente por debajo de ese umbral con tasas de positividad acumuladas del 12.4% y el 7.6%, respectivamente. Sin embargo, para las áreas 60623 y 60649, esas cifras fueron del 39.9% y del 21.6%, respectivamente.
Es ahora el momento oportuno para tomar medidas correctivas. Si bien el recuento de casos y las tasas de positividad son bajas en comparación al punto más álgido de la pandemia ocurrido a fines de abril y principios de mayo, estos han aumentado en las últimas semanas, según un análisis de WBEZ basado en datos de la ciudad.
A pesar de que las cifras han ido en aumento, los mayores riesgos con los que se enfrentan las comunidades afroamericanas y latinas, además del impacto desproporcionado sufrido durante la pandemia, han sido la aplicación de pruebas más sólidas en las comunidades blancas durante los últimos dos meses.
Durante nueve semanas consecutivas, desde mediados de junio hasta agosto, la tasa general de pruebas semanales en las áreas de códigos postales donde residen mayormente personas de raza blanca superó las cifras de las zonas afroamericanas y latinas. Para la semana del 8 de agosto, la tasa para las áreas de mayoría blanca fue de 126 por cada 10,000 residentes, en comparación con 104 y 94 por 10,000 residentes para los códigos postales de mayoría latina y mayoría afroamericanas, respectivamente. Durante toda la pandemia, una mayor cantidad de residentes de comunidades afroamericanas y latinas ha dado positivo a la prueba de COVID-19 que sus contrapartes en otras áreas.
Hasta que haya una vacuna o algún otro tratamiento eficaz, el COVID-19 seguirá siendo un problema no solo para Chicago e Illinois, sino para todo el país. Es como vivir con una enfermedad crónica que debe controlarse continuamente. Pero para quienes viven en zonas vulnerables como el 60623 o el 60649, el coronavirus es una amenaza constante que expone la brutalidad del racismo sistémico y la desigualdad estructural.
Sarah Karp, Alden Loury y Kristen Schorsch contribuyeron a este informe.
Natalie Moore es reportera sobre raza, clase y comunidades para WBEZ. Puedes seguirla en Twitter en @natalieymoore.
Esther Yoon-Ji Kang es reportera sobre raza, clase y comunidades para WBEZ. Síguela en Twitter @estheryjkang.
María Inés Zamudio es reportera sobre la raza, clase y comunidades para WBEZ. Síguela en @mizamudio.
Metodología
WBEZ pudo acceder a los datos de la Oficina del médico forense del condado de Cook sobre los residentes que murieron de COVID-19 entre el 16 de marzo y el 9 de mayo de 2020. WBEZ entrevistó y encuestó a familiares de 50 víctimas de COVID-19 durante ese período. La encuesta incluyó preguntas sobre las condiciones preexistentes de las víctimas y sus experiencias de atención médica. WBEZ también obtuvo datos de la ciudad de Chicago respecto al número de pruebas de COVID-19 casos confirmados y muertes por área de código postal. WBEZ calculó las tasas per cápita de pruebas, casos y muertes utilizando datos de población de cinco años por código postal de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2018 de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Solo se incluyeron en el análisis las áreas de códigos postales con al menos 30,000 residentes. Hay 41 códigos postales en Chicago que cumplen con ese criterio.
En base al análisis, WBEZ decidió centrar su reportaje en cuatro códigos postales: 60649, el área de código postal de Chicago con mayores muertes per cápita y el 60623 que tenía los casos per cápita más altos. Las áreas de códigos postales 60611 y 60610 que tenían las tasas más bajas de muertes, sirvieron como comparaciones.
Traducido por Marcela Cartagena
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