Este artículo, publicado originalmente en inglés por Chalkbeat, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).
Por Matt Barnum, Chalkbeat Chicago
Después de meses de espera y expectación, las escuelas públicas recibirán miles de millones de dólares para ayudarlas a recuperarse de la pandemia. En diciembre, el Congreso aprobó un paquete de beneficios para estimular la economía, ayudar a las familias, y apoyar la educación desde kínder hasta la universitaria. Después de inicialmente criticar el acuerdo, el Presidente Donald Trump finalmente lo aprobó con su firma, convirtiéndose en ley.
Entonces, ¿Qué significan esta y otras medidas para la reapertura de tu escuela, la pérdida de clases y tu distrito escolar? Entremos en materia.
Del paquete de estímulo de $900 mil millones, $81.9 mil millones están destinados a la educación. De eso, $54.3 mil millones irán a las escuelas públicas de kínder a la preparatoria, y $22.7 mil millones serán distribuidos a la educación superior. Asimismo, los gobernadores de cada estado recibirán $4.1 mil millones, los cuáles deben ir a escuelas privadas. El resto se destinará a las escuelas del Distrito de Educación Indígena, así como a territorios estadounidenses, incluidos Puerto Rico y Samoa Americana.
El dinero K-12 se dividirá entre los estados y luego irá hacia a los distritos mediante un proceso similar al que se realiza con los fondos del Título I. Esto significaría que los distritos escolares con alto índice de pobreza obtendrán más fondos.
Sí y no. Eso es un promedio de aproximadamente $1,000 por estudiante de escuela pública en los Estados Unidos (Aunque la cantidad por estudiante variará según el distrito, ya que la financiación pasa por el Título I). También está cerca del total de lo que el gobierno federal gasta en las escuelas K-12 en un año normal. Y es casi cuatro veces más de lo que el Congreso proporcionó a las escuelas por medio de la Ley CARES a partir de marzo.
Pero las escuelas podían ver gran parte de ese dinero devorado por recortes a los presupuestos estatales. Después de una larga disputa, el Congreso terminó por no incluir fondos para compensar los déficits presupuestarios estatales causados por la recesión de la pandemia. Además, la pandemia ha añadido gastos significativos para las escuelas, tanto así que es probable que los estudiantes necesiten ayuda académica adicional, lo que podría ser mucho más costoso de proporcionar. Varias escuelas públicas presionaron por más fondos, entre $150 mil millones a $250 mil millones.
Los estados y distritos deberían recibir cuatro veces de lo que obtuvieron de la Ley CARES. (Presione aquí para ver una lista de cómo los fondos serán distribuidos en cada estado). Es importante destacar que al parecer los distritos no tendrán que designar dinero para las escuelas privadas como lo hicieron bajo la Ley CARES.
La respuesta corta es que el dinero ayudará, pero probablemente no será suficiente por si solo. Esta ley no es una movida independiente para ponerse al día como se ha hecho en otros países. Un plan reciente estimó que la tutoría de grupos pequeños para cada estudiante en el país le podría costar al gobierno federal $50 mil millones.
En su lugar, el Congreso está dando esa cantidad de dinero a las escuelas directamente, y se les permite usarlo para ayudar a compensar la pérdida de aprendizaje. Pero las escuelas tendrán otras prioridades a considerar, incluyendo los costos de reapertura de los edificios, la instrucción remota, y la compensación de posibles recortes estatales.
“Es probable que no se acerque a lo que necesitaremos para financiar operaciones básicas y poner programas en marcha para comenzar a abordar la pérdida de aprendizaje”, dijo Rebecca Sibilia, ex líder del grupo de financiamiento escolar EdBuild.
Se pueden usar en muchas cosas. La ley permite a los líderes usar los fondos en áreas que ameriten “cubrir las necesidades de cada escuela”; todo aquello permitido por la ley federal Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) o la Ley de Educación para Individuos con Descapacidades; y todo gasto que permita a los distritos escolares continuar sus operaciones y seguir empleando a su personal actual.
Los fondos también se pueden usar para:
El dinero sin duda se puede utilizar para ayudar a las escuelas a reabrir sus establecimientos. Pero muchas escuelas han enfatizado que la decisión de no reabrir sus instalaciones ha sido por factores no relacionados con su situación financiera. La razones incluyen la desconfianza por parte de las familias y los maestros, el aumento de los casos de COVID-19, los desafíos de la enseñanza híbrida, y dudas sobre la disponibilidad de la vacuna para los maestros.
Sí. De los $4.1 mil millones en fondos que recibirán los gobernadores, $2.75 millones de dólares deben ser destinados a escuelas privadas. Esto equivale a alrededor de $500 por estudiante de escuela privada a nivel nacional.
Sin embargo, la ley dicta que esos fondos deben ser dirigidos a escuelas privadas que sirvan en su mayoría a estudiantes de bajos recursos y en las áreas más afectadas por COVID-19.
El dinero para las escuelas privadas no se puede utilizar para la enseñanza religiosa, y no puede ir a las escuelas directamente. Una agencia pública debe proporcionar los “servicios o asistencia” o crear el contrato para dichos servicios.
Las escuelas privadas también tienen prohibido recibir ayuda si participan en la próxima ronda del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) ya que bajo la Ley CARES, algunas escuelas privadas se beneficiaron de ambos programas, del PPP y de la ayuda destinada a las escuelas K-12.
No. La ley prohíbe específicamente que el dinero sea destinado para matrículas o becas en las escuelas privadas. Esta decisión fue un golpe duro para la Secretaria de Educación saliente Betsy DeVos, quien luchó para que la ayuda fuese extendida a bonos escolares.
Así lo esperan varios grupos de escuelas públicas. En particular, quieren que los gobiernos estatales y locales obtengan ayuda adicional, protegiendo a las escuelas de posibles recortes presupuestarios. Además, el presidente-electo Joe Biden ha prometido presionar al Congreso para incrementar la ayuda.
“Seamos muy claros, esta ley puede ser vista más que nada como un pago inicial para hacer lo que realmente es necesario y cubrir plenamente las necesidades de los estudiantes, educadores y sus familias”, dijo en un comunicado la presidenta de la Asociación Nacional de Educación, Becky Pringle.
Pero la ayuda adicional requiere la cooperación del Congreso, y los republicanos han sido muy escépticos respecto del alivio estatal y local. El control del Senado depende de dos elecciones de desempate en enero en Georgia.
Traducido por Marcela Cartagena
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