Este artículo, publicado originalmente en inglés por The Chicago Reporter, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).
Por Simon Davis-Cohen
Durante la pandemia, la Municipalidad de Chicago ha utilizado sigilosamente un programa estatal poco conocido para recaudar millones de dólares en multas sin pagar, honorarios judiciales, violaciones de ordenanzas y otras deudas de los residentes, esto a pesar de sus promesas de aliviar las dificultades financieras que muchos residentes están enfrentando debido a la crisis del coronavirus.
El programa, que permite a Chicago interceptar los reembolsos de impuestos estatales de los individuos, fue objeto en mayo pasado de una investigación de The Chicago Reporter y Type Investigations.
En marzo, la administración de Lightfoot anunció que suspendería temporalmente algunos de sus esfuerzos de cobro de la deuda, junto con el cobro de cuotas atrasadas e intereses.
“Estas medidas”, anunció la municipalidad, “representan los primeros pasos de los esfuerzos de la administración para ayudar a reducir el impacto financiero de COVID-19 en los residentes de la ciudad”. A los residentes que le debían a la municipalidad multas y honorarios por violaciones de “seguridad no pública” se les otorgaría un indulto temporal. Ese indulto terminó el 1 de julio.
Desde que asumió el cargo, Lightfoot ha liderado reformas estatales para poner fin a la práctica de suspender los permisos de conducir por no pagar multas y honorarios por la mayoría de los delitos no relacionados con la conducción; lanzó un programa de amnistía por la deuda de la municipalidad y aprobó otras reformas, incluyendo el perdón de deudas de la cuenta de servicios públicos a un estimado de 20,000 propietarios calificados.
Como parte del plan de Lightfoot de recuperación del COVID-19 llamado “Forward Together” (“Avanzando juntos”), también prometió más flexibilidad para las pequeñas empresas —en particular las que son propiedad de afroamericanos y latinos—-, a la hora de recaudar cuotas hasta que se disponga de un tratamiento o una vacuna eficaces.
Sin embargo, según los datos de la oficina del contralor de Illinois obtenidos por The Chicago Reporter y Type Investigations, al 19 de junio, Chicago había interceptado $27 millones de los reembolsos de impuestos estatales de 2020 de las personas —esto debido a aquellos que pagaron de más en sus impuestos de 2019— para cobrar sus deudas desproporcionadamente en comunidades de bajos ingresos y comunidades de color.
Estos hallazgos se producen cuando las finanzas de Chicago se encuentran bajo presión significativamente. Para este año el déficit presupuestario de la municipalidad ha aumentado a $799 millones, en parte como resultado de los impactos económicos de la pandemia, y enfrenta un déficit presupuestario estimado de $1.2 billones para el año fiscal 2021.
Lightfoot ha pedido al gobierno federal que otorgue alivio económico a Chicago y otras ciudades, pero la crisis también está obligando a la municipalidad a considerar maneras de ahorrar gastos o generar ingresos, a través de posibles licencias o despidos de trabajadores de la municipalidad, un posible impuesto a la propiedad y otras medidas.
El presupuesto de Chicago también está restringido por la ley estatal que limita los poderes de la municipalidad para recaudar ingresos y una reducción histórica de la participación de las ciudades en los ingresos fiscales estatales.
Este año, de los $27 millones recaudados a través del programa de interceptación de reembolsos de impuestos, $20.7 millones se han recaudado de los residentes de Chicago. De esa cantidad, aproximadamente el 83.8% afecta a los residentes en códigos postales donde el ingreso familiar promedio está por debajo del ingreso familiar promedio general de la ciudad que es de $55,000, según datos de la Oficina del Censo.
Mientras tanto, el 92.6% del dinero interceptado en Chicago fue de los residentes que vivían en barrios predominantemente no blancos, incluidas áreas en y alrededor del sur de Chicago, como el aeropuerto Midway, West Englewood, Roseland, Marquette Park y North Lawndale, entre otros. (Chicago tiene un total de 58 códigos postales residenciales, el 57% de los cuales son predominantemente no blancos).
“Este tipo de programa es un ejemplo del racismo sistémico”, dice Brent Adams, vicepresidente de políticas y comunicación del Instituto Woodstock, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago que aboga por la reforma de multas y honorarios.
La municipalidad promete suspender reclamos en 2020
En 2012, cuando Chicago comenzó a hacer uso del programa, fue promocionado por el entonces alcalde Rahm Emanuel como una manera de atrapar a “los que engañan”, refiriéndose a las personas que no pagan sus deudas a la municipalidad.
Adams asegura que este enfoque de tomar las devoluciones de impuestos estatales de las personas, es contraproducente desde un punto de vista económico. “Cuando empobreces a la gente, en general no es benéfico para la ciudad. Resulta más difícil tener vidas productivas y mantenerse saludables”.
“Queremos que el programa se suspenda en su totalidad, y… que se detengan todos los pagos para que a partir de ahora no se intercepten los reembolsos de impuestos”, dijo Adams.
Una investigación publicada el 11 de mayo por The Chicago Reporter y Type Investigations, detalló el uso del programa por parte de Chicago para recaudar más de $103 millones desde 2013, y la medida en que el programa se enfoca desproporcionadamente a los residentes de bajos ingresos y las comunidades de color.
Después de esa investigación, la administración de Lightfoot informó a The Chicago Reporter y Type Investigations que había suspendido el programa de interceptación de devolución de impuestos hasta el final del año.
“Para ir de acuerdo con las reformas integrales de multas y tasas ya adoptadas por la administración de Lightfoot y dado el extraordinario impacto económico de la pandemia COVID-19, la municipalidad suspendió el envío de créditos no cobrados al Programa de Recuperación de Deuda Local del estado en enero de 2020, y no presentará ningún nuevo crédito no cobrado al estado durante el resto del año”, escribió en un correo electrónico Kristen Cabanban, portavoz del Departamento de Finanzas de la municipalidad. Este anuncio no se había hecho público anteriormente.
Sin embargo, los nuevos datos de la oficina del contralor de Illinois parecen contradecir este anuncio. Cuando se le pidió que aclarara cómo es que la municipalidad seguía recaudando dinero de los reembolsos de impuestos estatales a pesar de suspender el uso del programa, Cabanban dijo que el dinero era de las reclamaciones existentes que ya habían sido canalizadas por el estado. La suspensión, detalló, se aplicaría sólo a nuevas reclamaciones que la municipalidad aún no había enviado al estado.
No obstante, no está claro que esta suspensión de un alivio financiero real a los residentes de Chicago. Según Abdon Pallasch, director de comunicaciones de la Contraloría de Illinois, las ciudades que participan en el programa de intercepción, incluyendo Chicago, normalmente presentan reclamaciones de deuda a la Contraloría una vez al año, esto, en enero.
Entonces, el contralor intercepta esas reclamaciones ya que envía reembolsos de impuestos de forma continua. Por lo tanto, incluso antes de la suspensión anunciada, era poco probable que Chicago presentara nuevas reclamaciones al estado hasta enero de 2021, después del final de la suspensión actual.
Cuando se le preguntó si el próximo año Chicago planeaba posponer la presentación de nuevas reclamaciones de deuda al estado, Cabanban dijo: “La municipalidad determinará si las nuevas reclamaciones serán en enero 2021 a finales de este año”.
Adams agregó que en caso de que cualquier reclamo pendiente todavía deba ser procesado por el estado como parte del programa de intercepción de devolución de impuestos, la administración de Lightfoot debe suspender el cobro de esos reclamos.
“La municipalidad debería intervenir en los reclamos para asegurar que ningún residente de Chicago tenga sus reembolsos de impuestos interceptados durante este estado de emergencia sin precedentes”, dijo. “El programa continúa castigando a los pobres si todavía está procesando las reclamaciones”.
Bajo el programa, los residentes de Illinois tienen 60 días para apelar la intercepción de sus reembolsos de impuestos. Sin embargo, esta apelación sólo se dirige al estado y sólo puede determinar si una deuda es morosa o no. Si la deuda es morosa, no hay recurso. Las circunstancias económicas de una persona —a menudo en primer lugar, la razón por la que no han podido pagar sus deudas— no se toman en cuenta, a menos que se hayan declarado en bancarrota. Esto significa que si una persona no puede pagar sus multas de estacionamiento, o si falta a una audiencia administrativa clave, no hay nada que pueda hacer. Mientras la deuda esté pendiente, su declaración de impuestos está sujeta a la confiscación de la municipalidad, a través del programa estatal.
Después de varias solicitudes por parte de The Chicago Reporter y Type Investigations, Cabanban dijo que Chicago haría posible que los residentes apelaran por razones de dificultades financieras. “Desde el inicio de COVID y en alineación con las reformas de multas y honorarios de la alcaldesa Lightfoot, el Departamento de Finanzas ha estado trabajando con la Contraloría del Estado en la creación de un proceso que permita a los residentes de Chicago que completen el proceso de protesta dentro de 60 días y tengan así la capacidad de apelar la intercepción en condiciones de dificultades financieras”, explicó.
Bajo la nueva política propuesta, los residentes podrían marcar “otros” en el proceso de apelación estatal para presentar una apelación por dificultades. Si su apelación es aprobada, la deuda no será perdonada, “sino que será enviada a la municipalidad y aplicada a la deuda pendiente del residente”, dijo Cabanban, quien no indicó cuándo se promulgaría la nueva opción de apelación.
Más allá de Chicago
Chicago no está solo; hasta ahora, en 2020, el contralor ha interceptado más de $42 millones de residentes de Illinois.
En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el embargo salarial en el estado “para proteger los activos disponibles de los residentes de Illinois durante la pandemia de COVID-19 y garantizar que tengan fondos para artículos esenciales como alimentos, medicinas, vivienda y transporte”.
No se tomó ninguna acción ejecutiva para detener las interceptaciones de reembolsos de impuestos. La oficina del gobernador no respondió a múltiples solicitudes de comentarios al respecto.
En febrero, Susana A. Mendoza, Contralora del Estado de Illinois, dejó de ayudar a los municipios a cobrar las deudas pendientes de pago de las cámaras de luz roja. Esas deudas, dijo Mendoza, son “injustas para los habitantes de Illinois de bajos ingresos”.
El cambio de política se produjo en medio de una investigación de corrupción contra funcionarios estatales y locales y una empresa privada de cámaras de luz roja.
‘El impacto dispar que tuvieron las multas de luz roja en las comunidades de bajos ingresos y minorías, fue un factor en nuestra decisión a principios de este año de dejar de cobrar multas sin pagar de los reembolsos de impuestos sobre la renta de los contribuyentes estatales”, dijo Mendoza a The Chicago Reporter y Type Investigations.
El hecho de que los esfuerzos de cobranza de deudas de Chicago a través del programa de intercepción de reembolsos de impuestos continúen cayendo desproporcionadamente en las comunidades pobres y minoritarias “debería dar una pausa a los responsables políticos a nivel local y estatal y debería iniciar una conversación sobre cómo pueden hacer que las cobranzas sean más justas” destacó Mendoza.
Este artículo fue realizado en asociación con Type Investigations. David Eads contribuyó con el análisis de esta investigación.
Traducido por Gisela Orozco
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