Este artículo, publicado originalmente en inglés por Injustice Watch, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).
Por John Seasly
Ellos son dos jueces de circuito del condado Cook que están en funciones administrativas, sin poder realizar casi todos sus deberes judiciales porque enfrentan procedimientos disciplinarios, pero quisieran algo de los votantes en noviembre: otros seis años en el banquillo.
Los jueces Mauricio Araujo y Jackie Portman-Brown han sido sacados de sus tribunales y colocados por ahora en lo que los mismos magistrados llaman “cárcel de jueces”.
Araujo fue puesto bajo licencia en 2018, luego de que una asistente del fiscal estatal del condado Cook lo acusó de acoso sexual. Desde entonces, otras dos mujeres han denunciado que él también las acosó.
Portman-Brown ha estado en servicio administrativo desde febrero, luego de que un video mostrara que tenía a una niña encerrada en la celda de detención detrás de la sala del tribunal.
Ambos continúan recibiendo sus salarios completos de $204,000, más beneficios.
Y los dos, que enfrentan el final de sus períodos de seis años, están solicitando la retención en las elecciones del próximo 3 de noviembre.
Eso significa que, como jueces en funciones, para permanecer en el banquillo necesitan la aprobación de al menos el 60 por ciento de quienes voten en el condado Cook.
Debido a que los jueces rara vez tienen mucho reconocimiento de nombre y es difícil para los electores calificar su desempeño, los escaños judiciales a menudo son los primeros cargos que la gente vota en la elecciones. Como resultado, es raro que un juez del condado Cook pierda la retención.
“Con esos seis años de historia viene cualquier cosa que él o ella hayan hecho para ser puestos en funciones administrativas”, dice Nyshana Sumner, presidenta de la Asociación de Abogados del Condado Cook. “Creo que es algo que los votantes deberían considerar”.
Araujo y Portman-Brown son los únicos dos jueces de circuito que se encuentran actualmente en funciones administrativas, según una portavoz del juez principal Timothy Evans.
Araujo: acusaciones de acoso sexual y órdenes judiciales incompletas
En junio de 2019, la Junta de Investigación Judicial de Illinois, que investiga las acusaciones de mala conducta entre jueces, presentó una denuncia contra Araujo alegando que se ha “involucrado en un patrón de comportamiento inapropiado y de acoso hacia las mujeres” durante varios años.
Araujo ahora espera una audiencia ante la Comisión de Tribunales de Illinois para decidir si las acusaciones tienen mérito y, de ser así, para imponer sanciones tan severas como destituirlo del cargo.
Según la denuncia, dos veces en 2012 Araujo le preguntó a una reportera judicial “cuánto dinero” quería para tener relaciones sexuales con él, mientras los dos estaban solos en un ascensor en la Corte de Violencia Doméstica. Ella trató de calmar la situación y él respondió que “no bromeaba” y repitió la pregunta, según la denuncia.
La mujer solicitó su traslado a otro juzgado y, años después, tras ver la cobertura noticiosa de otras acusaciones de acoso contra Araujo, presentó una queja formal.
Otra denuncia cita que en agosto de 2016, Araujo habría intentado besar a una mujer policía de Chicago cuando ella acudió a su oficina para que firmara una orden de allanamiento, y que cuando salían de la oficina le dijo “toca mi trasero”.
Lo que inició la investigación de la Junta de Investigación Judicial y provocó la reasignación de Araujo a deberes administrativos fue un incidente el 11 de septiembre de 2018. Según la denuncia, el juez, hablando con un fiscal, llamó “perra” a una asistente del fiscal del estado y sugirió: “Tal vez sea porque no tuve sexo con ella … o tal vez sea porque tuve sexo con ella”.
Araujo también fue llamado a testificar en el juicio federal por corrupción de dos policías de Chicago que fueron condenados el año pasado por robar dinero en efectivo a traficantes de drogas durante registros ilegales. Araujo aprobó casi la mitad de las órdenes de arresto para esa unidad de crímenes de pandillas durante un período de tres años, informó el Chicago Sun-Times. Araujo no fue acusado de mala conducta en relación con los oficiales condenados.
Cabe señalar que para este reportaje Araujo no respondió a nuestra solicitud de alguna declaración.
Portman-Brown: niña tras las rejas y mentalidad de “encarcelarlos”
La licencia administrativa de Portman-Brown se debió a un video del pasado 19 de febrero, que mostraba que tenía a una niña encerrada en una celda para adultos detrás de la sala del tribunal.
Portman-Brown mantuvo ahí a la menor, una pariente, durante unos 10 minutos, según la oficina del juez principal.
Evans anunció a principios de marzo que el incidente había sido remitido a la Junta de Investigación Judicial y dijo que se estaba dando tutoría a Portman-Brown.
La jueza también enfrentó críticas por su liderazgo en un programa intensivo de libertad condicional ya cancelado llamado el tribunal HOPE, que se suponía que iba a proporcionar supervisión cercana y segundas oportunidades a los acusados en lugar de sentencias de prisión. Los abogados, oficiales de libertad condicional y participantes involucrados en el programa dijeron que Portman-Brown era “intimidante” e “impredecible”, según una investigación de 2018 de Injustice Watch y City Bureau publicada por Sun-Times.
El programa perdió su financiamiento estatal en 2018, después de que dos revisiones externas descubrieron que no cumplía con sus objetivos y que Portman-Brown trató de manera abusiva a su personal y a los acusados.
Durante años, los funcionarios escucharon que un tribunal diseñado para ayudar a mantener a los delincuentes fuera de la cárcel tenía fallas, y crecieron las quejas de que la jueza a cargo era parte clave del problema. Frustrados porque las deficiencias no se resolvieron, el estado recortó los fondos de la corte, poniendo fin al programa.
Además, mientras estaba en el banquillo, Portman-Brown una vez llamó a un acusado “cabrón” después de que él usó groserías para expresar su frustración con un dictamen, informó el Sun-Times. “Ellos pelean con palabras. Y si estuviera en mi vecindario en Englewood, ya me hubiera quitado la toga y estaríamos peleando’”, dijo la jueza.
En un perfil de 2016 en el Chicago Reader, ella misma avaló su reputación de dura con el crimen y dijo: “Cuando te equivocas, soy como el Increíble Hulk. No quieres verme enojada. Cuando me enojo, encierro a la gente. Me conocen como la jueza de los encierros”.
Hanah Jubeh, consultora que actúa como portavoz del juez principal, señaló que Portman-Brown fue considerada como “calificada” por los Colegios de Abogados durante su exitosa campaña para jueza en 2014 y hasta ahora, para esta elección, ha recibido la misma calificación del Colegio de Abogados de Chicago.
“En referencia al incidente denunciado, fue un asunto familiar personal que se hizo público”, dijo Jubeh. “Desafortunadamente, la percepción de los medios sobre el incidente con la sobrina-nieta no fue una representación real del asunto en cuestión”.
La sentencia de “cárcel de jueces” puede durar años
Aunque Araujo y Portman-Brown se están postulando para mantener sus asientos judiciales, se les prohíbe escuchar casos.
Los jueces asignados a funciones administrativas realizan investigaciones legales, llevan a cabo ceremonias matrimoniales y revisan las peticiones de reducción de tarifas de representación de personas que dicen ser indigentes.
Evans puede asignar a un juez a tareas administrativas solo en circunstancias excepcionales: si han sido acusados de un delito, enfrentan una queja disciplinaria formal o si hay acusaciones de comportamiento inadecuado o incompetencia mental o física.
El deber administrativo es “un castigo, un destierro”, dice el exjuez del condado Cook, Richard Cooke, quien fue puesto en funciones administrativas en 2017, poco después de ganar las elecciones para el tribunal, por rechazar públicamente su asignación a la Corte de Tráfico.
“En mi opinión, (eso es) para los jueces perezosos, es el lugar donde deben estar: simplemente no hay nada qué hacer, ninguna responsabilidad real”, dijo entonces Cooke, quien pasó tres meses en la cárcel de jueces antes de renunciar. “Pensé que estaba robando el dinero de los contribuyentes del condado Cook y renuncié”, explica.
El objetivo de poner a alguien en funciones administrativas es sacar a ese juez del tribunal hasta que se resuelvan los problemas que lo involucran, dice el juez de circuito retirado del condado Lake, Ray McKoski, ahora profesor adjunto que enseña ética judicial en la Facultad de Derecho John Marshall de la UIC.
“La asignación (a funciones administrativas) está diseñada para proteger la confianza en el Poder Judicial”, dice McKoski.
Frank Calabrese, consultor político judicial, dice que los jueces en tareas administrativas están “realizando funciones que cualquier asistente legal podría realizar”, mientras “reciben un cuarto de millón de dólares con beneficios”.
La asignación a deberes administrativos puede durar años, especialmente si fue por una investigación disciplinaria pendiente. Las indagaciones de la Junta de Investigación Judicial son lentas y rara vez terminan con alguna disciplina pública, según una investigación de Injustice Watch, realizada en el 2015.
Además, la acción disciplinaria más severa rara vez se aplica. Según un informe del año pasado realizado por la propia Junta de Investigación Judicial de Illinois, la Comisión de Tribunales de Illinois ha destituido a siete jueces y suspendido a 19 en 50 años.
Traducido por Vicente de la Cruz
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