By INN Amplify | October 16, 2020

Este artículo, publicado originalmente en inglés por Injustice Watch y conjuntamente con el diario Chicago Sun-Times, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

Por John Seasly

En 2004, cuando el juez del circuito del Condado de Cook, Kenneth J. Wadas sentenció a Benard McKinley a 100 años de prisión por un asesinato cometido cuando tenía 16 años de edad, McKinley sabía lo que significaba.

“Sentí como si Wadas me hubiera sentenciado a morir en prisión”, dijo McKinley, quien ahora tiene 35 años de edad, desde el Centro Correccional Stateville. “Sentí que mi vida se había acabado”.

En 2016, una corte federal de apelaciones revocó la sentencia de McKinley, con el veredicto de que Wadas no había tomado en cuenta su edad cuando lo sentenció a un siglo tras las rejas sin posibilidad de libertad anticipada.

“No mencionó nada que indicara que pensara que la edad del acusado fuera relevante para su sentencia”, escribió el juez Richard Posner en el expediente público de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EEUU.

Posner dijo que la sentencia de 100 años era una “cadena perpetua de facto”, que requería que Wadas, bajo un fallo previo de la Corte Suprema de EEUU, tuviera en cuenta que “los niños son diferentes”.

Es inusual que una corte federal revoque una sentencia penal impuesta por un juez de la corte estatal.

Pero en los últimos seis años, Wadas ha sido revocado 25 veces por la corte de apelaciones de Illinois, casi el doble que el total combinado de los otros cinco jueces penales que se postulan este año para permanecer en su cargo, reveló una investigación de Injustice Watch.

Las cortes de apelación dictaminaron que con frecuencia, Wadas hacía caso omiso de una ley que impedía la imposición de sentencias excesivas y durante sus juicios, rechazó incorrectamente las denuncias de errores de parte de los presos.

Wadas se negó a comentar al respecto.

“Es un número sorprendente”, dijo la profesora de derecho de la Universidad Northwestern Susan Provenzano, experta en abogacía de apelaciones. “Hay problemas sistémicos con su análisis legal, su capacidad para evaluar los hechos o sus decisiones”.

Como asistente del fiscal del estado en la década de 1980, Wadas fue reprendido por la corte de apelación de Illinois, que descubrió que había participado en tácticas calificadas como “un insulto a la corte y a la dignidad de la barra de abogados”.

Estuvo involucrado en varios casos en los que la mala conducta del fiscal ocasionaron la revocación de la apelación, según los registros. Y la corte de apelaciones sugirió específicamente, que debería ser llevado ante la junta que escucha los casos de mala conducta de los abogados. Pero Wadas nunca enfrentó la disciplina por sus acciones; fue promovido por el entonces Fiscal del Condado de Cook, Richard M. Daley; y posteriormente cuando se postuló para juez, la barra de abogados que califica a los candidatos para jueces determinó que estaba calificado para el estrado.

En 2014, Wadas ganó la elección para permanecer en su cargo; desde entonces, la corte de apelaciones lo ha revocado frecuentemente por emitir sentencias excesivas en repetidas ocasiones, esto por hacer caso omiso de la doctrina de Illinois “un acto, un crimen”.

Esa norma prohíbe las condenas múltiples “que se basan precisamente en el mismo acto físico” y exige que se eliminen las condenas menores por el mismo acto.

En los últimos seis años, Wadas ha sido revocado 10 veces, con base a una vez que actuó contra la ley de “un acto, un crimen”, según averiguó Injustice Watch.

En 2011, Gregory Reed fue declarado culpable de 14 cargos distintos por disparar varios tiros a un grupo de personas, afuera de un club nocturno de Chicago, hiriendo a una. Wadas lo condenó a entre 15 a 50 años por cada cargo.

Reed apeló. Un jurado de apelación fundamentó que Wadas violó la regla de “un acto, un crimen”,  y ordenó que se anularan todas las condenas de Reed, excepto cuatro, y pidió una audiencia sobre la efectividad de su abogado.

La abogada de defensa penal y derechos civiles Jennifer Bonjean, dijo que la regla que se supo Wadas ignoró, no es difícil de entender.

“Si constantemente te revocan por lo mismo, o eres tonto o simplemente no te importa”, compartió Bonjean.

Descartar una condena menor por el mismo delito no cambia drásticamente la situación de un prisionero. Reed, por ejemplo, todavía está cumpliendo una sentencia de 50 años por los cargos restantes.

Las sentencias por cargos separados a menudo se ejecutan simultáneamente. Pero si el error no se corrige, deja varios delitos en el registro de una persona condenada cuando sólo debería haber uno, y eso puede tomar años para que se corrija en la apelación, explicó Bonjean.

En 2014, Jerome Weathers intentó impugnar su condena por asesinato, argumentando que dos detectives, James O’Brien y John Halloran, habían forzado de manera violenta su confesión. Wadas desestimó la solicitud de Weathers, dictaminando que no pasó una prueba legal para determinar si su caso debía proceder.

Al año siguiente, un jurado de apelación revocó la decisión de Wadas en ese caso. Fue una de las cuatro ocasiones desde 2014, que un tribunal superior ha detectado que Wadas rechazó indebidamente una petición después de la condena.

La corte de apelación dictaminó que la nueva evidencia presentada en un informe de 2012 de la Comisión de Investigación y Socorro sobre la Tortura (TIRC por sus siglas en inglés), que detallaba 76 acusaciones contra los detectives, quienes habían trabajado bajo el mando del deshacreditado excomandante Jon Burge, señalaba que merecían dar a Weathers una nueva audiencia.

La demanda de Weathers “evidentemente alegó que su confesión fue forzada físicamente por los detectives O’Brien y Halloran y que las pruebas recién descubiertas corroboraron sus afirmaciones”, escribió la jueza de Apelación, Margaret McBride.

En 2013, Martell Boswell se declaró culpable de robo agravado de vehículos y aceptó una sentencia de 22 años, la cual Wadas dijo que era la sentencia mínima obligatoria. El juez estaba equivocado: el mínimo era 21 años.

Cuando Boswell solicitó una nueva sentencia, Wadas se la negó. Un panel de apelación lo revocó, concluyendo que Boswell había cumplido “el bajo estándar necesario para sobrevivir a la primera etapa de la desestimación”.

En 1989, Anthony Mitros se declaró culpable de asesinato y robo, y fue condenado a cadena perpetua. Cuando en 2011 señaló en una petición posterior a su condena que una sentencia tan dura no estaba permitida bajo las directrices de sentencia, Wadas rechazó su moción.

La corte de apelación no estuvo de acuerdo; ordenó a Wadas emitir una nueva sentencia dentro de las directrices apropiadas de 20 a 60 años.

“Una corte carece de autoridad para imponer una sentencia que no se ajusta a las directrices legales”, dijo el juez Nathaniel Howse en la opinión del tribunal.

Cuando en 2019, el caso de Benard McKinley se presentó ante Wadas para una nueva sentencia, McKinley dijo que pensaba que Wadas no estaba contento de ser revocado.

“Se aseguró de que todos supiéramos que era una decisión 2-1 la que me hizo volver a estar frente a él”, dijo. McKinley.

Para entonces, una nueva decisión de la Corte Suprema de Illinois había establecido una norma, que cualquier sentencia de más de 40 años para un menor, era equivalente a una sentencia de cadena perpetua.

A pesar de que McKinley era menor de edad al momento del asesinato, Wadas dijo al dictar la nueva sentencia: “El arma lo hizo mayor”.

McKinley fue sentenciado a 39 años de prisión; una sentencia menor a  los 40 años y un día que la Corte Suprema dijo, equivalen a una condena de cadena perpetua.

Olivia Louthen y Annabelle Rice contribuyeron a este reportaje. 

Traducido por Gisela Orozco