Este reportaje fue coproducido por Injustice Watch y el Chicago Reader como parte de The Circuit (El Circuito), un proyecto de Injustice Watch y la Better Government Association, en alianza con la consultora de tecnología cívica DataMade. Para más información sobre el proyecto, haga clic aquí.

Este artículo, publicado originalmente en inglés por Injustice Watch, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

Por Adam M. Rhodes

A principios de 2016, Jimmy Amutavi tenía lo que él consideraba como una vida feliz. Había pasado más de una década desde que emigró por primera vez a los Estados Unidos desde Kenia con sueños de ser entrenador personal. Amutavi se había establecido con su esposa y su hijo pequeño en Evanston, Illinois, y estaba alquilando un espacio en un gimnasio cercano donde el aficionado de toda una vida al ejercicio físico daba clases privadas.

Pero los vínculos de Amutavi con el gimnasio fueron más allá de los negocios. Amutavi dice que recibió un mensaje en su buzón de voz de un detective del Departamento de Policía de Skokie en 2016 diciendo que tenía una orden de arresto. Según el detective, el entrenador personal había expuesto al VIH a tres mujeres con las que tuvo relaciones sexuales sin su conocimiento. Una de ellas era una mujer que había conocido en el gimnasio con la que había tenido una relación.

Amutavi recuerda sentir que su vida llegaba a su fin. “Sentí que estaba como flotando allí”, dijo. “No sabía nada. Era como si alguien me hubiera drogado, y yo era un zombi”.

Se entregó a la policía en octubre del 2016, pero insistió en su inocencia.

Amutavi afirma que cuando el terminó la relación, ella tomó represalias contactando a sus clientes y revelando que él tenía VIH. Otras dos mujeres, con las que Amutavi también había tenido relaciones sexuales, luego acordaron presentar cargos contra él, Amutavi dijo. Además, su abogado indicó a Chicago Reader y a Injustice Watch que la principal acusadora de Amutavi supuestamente violó las leyes de privacidad de salud para obtener la información médica privada de Amutavi a través del hospital donde ella trabajaba, el cual le dio acceso a esos registros. La mujer no respondió a las llamadas telefónicas y a los correos electrónicos para este reportaje.

La Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook presentó cargos contra Amutavi con tres cargos por transmisión criminal del VIH, castigándose cada uno de ellos con hasta siete años de prisión. Los fiscales afirmaron que Amutavi había ocultado intencionalmente que tenía VIH a las tres mujeres, y por medio de relaciones sexuales sin uso de condón, las había expuesto a contraer el virus.

Cuando la Oficina de la Fiscalía del Condado de Cook tuvo un cambio de mando con la abogada recién electa, Kim Foxx, los fiscales retiraron los cargos en abril de 2017.

“Jon me salvó la vida”, dice Amutavi sobre su abogado, Jon F. Erickson. “Me dio mucha paz y me aseguró que íbamos a vencer esto”.

Uno de los problemas con el caso del fiscal contra Amutavi fue que prácticamente no había manera de que el transmitiera el virus porque toma medicamentos para tratar y suprimir el VIH en su cuerpo.

La ley de criminalización del VIH de Illinois hace que sea ilegal que una persona con el virus tenga relaciones sexuales sin uso de condón y sin revelar primero su estado serológico a sus parejas sexuales. La ley también considera ilegal que alguien done sangre, semen, tejido u órganos, o que comparta parafernalia de drogas no esterilizadas, como las jeringas, si tiene VIH y no lo revele. La ley puede aplicarse y se ha aplicado incluso si no se produce la transmisión del VIH.

Amutavi es una de las docenas de personas que se les ha imputado cargos en el Condado de Cook bajo esta ley controversial, la cual fue aprobada en Illinois a finales de la década de 1980, en plena crisis del VIH/SIDA. Críticos aseveran que este tipo de normas son un intento peligroso y erróneo de detener la propagación del VIH y castigan a las personas por simplemente vivir con el virus. A su vez, la ley da pie a los amantes y exparejas a que la usen como un medio para vengarse. Quienes presionan por darle fin a esta práctica, aseguran que la ley es un producto del pánico abrumadoramente homofóbico de esa época y afecta desproporcionadamente a las personas afroamericanas e hispanas.

Un informe sobre el control del VIH de Chicago de 2020 encontró que los afroamericanos no hispanos fueron la mitad de todas las personas que viven con el VIH, así como la población diagnosticada con mayor frecuencia, en Chicago en 2019. Los hombres afroamericanos que tienen relaciones homosexuales también tienen mayor riesgo de contraer el VIH.

“Realmente no se puede legislar en torno al estigma”, dice Aisha Davis, directora de la Fundación del SIDA en Chicago. “Entonces, cuando a esto se le suman las implicancias en torno a la raza, al género, la identidad, o simplemente a la percepción de alguien cuando se le ha acusado de esto, significa que a las personas negras y latinas se les va a apuntar aún más”.

El Condado de Cook no ha enjuiciado a nadie bajo el decreto desde 2016. Sin embargo, la ley sigue en pie y a la discreción de su uso por parte de los fiscales en Illinois. Los críticos señalan que la ley ignora la proliferación de la profilaxis previa a la exposición, medicamentos de prevención del VIH emblemáticos comúnmente conocidos como PrEP, que se ha encontrado que son casi 99 por ciento efectivos cuando se toman según lo prescrito.

Tanto los activistas como las autoridades de salud pública dicen que la ley también ignora el hecho de que, como lo afirma el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las personas como Amutavi que viven con el VIH y han seguido sus tratamientos al pie de la letra no tienen casi ningún riesgo de transmitir el virus, incluso sin el uso de un condón. Así como cuando la ley se debatió por primera vez, muchos insisten que esta es una forma de castigo en contra de los que viven con este virus incurable.

La ley se centra en personas “con la intención específica” de no revelar su estado serológico de VIH y que podrían transmitir el virus a sus parejas. Pero los críticos dicen que esa intención es difícil y hasta casi imposible de comprobar y que se puede mentir fácilmente.

En junio de 2017, Amutavi obtuvo una orden de protección para su familia contra la mujer que supuestamente accedió a sus registros médicos. La petición asegura que durante el período de un año que comenzó en junio de 2016, la mujer rayó el automóvil de Amutavi y lo acosó verbalmente, a su esposa y a su hijo pequeño. Sin embargo, Amutavi y su familia se negaron a presentar cargos, priorizando aquellos en su contra.

Pero incluso después de que el condado descartara los cargos de VIH contra Amutavi, las repercusiones permanecieron. Solicitó que los cargos no quedasen en su historial, pero esa petición fue denegada en junio de 2018 por el fiscal de ese entonces, el asistente del estado del Condado de Cook, Michael Falagario. La carta negándole su solicitud indica que “los intereses de la comunidad por mantener su expediente superan la necesidad del solicitante de limpiarlo”. Falagario escribió “múltiples cargos relacionados con la transmisión criminal del VIH” como argumento adicional para negar la petición de eliminación de sus antecedentes penales antes de firmar su nombre.

Los funcionarios de la corte más tarde sellaron el cargo en el registro de Amutavi a fines de julio de 2018 después de que, dice Erickson, fueron “educados” sobre su caso.

Pero Amutavi, ahora en sus 50 años de edad, dice que todavía tiene las cicatrices emocionales y psicológicas y las consecuencias que conllevó el caso. Después de que publicaciones de noticias como The Chicago Tribune, The Seattle Times y The Associated Press reportaron las acusaciones en su contra, Amutavi dice que perdió a todos sus clientes. Como resultado, dejó atrás su pasión de ser entrenador personal. (Le pidió al Reader y a Injustice Watch que no nombraran a su empleador actual por temor a ser acosado por su acusadora principal, quien según él continúa acosándolo).

Se emociona al hablar sobre el caso y es sumamente reservado de su intimidad por temor a que la mujer con la que él rompió continúe acosándolo a él y a su familia. La terapia lo ha ayudado a lidiar con la ansiedad, la depresión y el trastorno por estrés postraumático que dice fueron causados por la terrible experiencia. Hay días buenos, dice, en los que la vergüenza y culpa no lo persiguen tanto, “pero los días malos siguen ahí”.

“De vez en cuando, me acuerdo de todo esto”, dice.

También dice que le preocupa cómo los cargos, o la cobertura de noticias sobre ellos, afectarán a su hijo, ahora de 10 años. Las búsquedas en Internet del nombre de Amutavi llegan a su foto y a numerosos artículos sobre las acusaciones en su contra. Pero las noticias sobre su exculpación por los cargos casi un año después son escasas.

“Lucho con este pensamiento, ya sabes, que mi hijo me googlea”, dice Amutavi. “Y me preocupa cómo esto podría afectarlo algún día”. El caso de Amutavi, y el daño que le causó a él y a su familia, están lejos de ser únicos.

The Chicago Reader e Injustice Watch estudiaron los orígenes de la ley en Illinois, cómo los fiscales la han aprovechado en el Condado de Cook y sus impactos en quienes han sido acusados. Nuestra investigación es parte de The Circuit (El Circuito), un proyecto de datos de tribunales liderado por Injustice Watch y la Better Government Association, en alianza con la consultora de tecnología cívica DataMade.

Los primeros cargos en virtud de la ley reflejan las preocupaciones de los críticos sobre el racismo y el pánico homofóbico por el SIDA, pero también lo hacen los enjuiciamientos recientes. Como parte de esta investigación, revisamos los registros judiciales y usamos recortes de noticias para desenterrar cargos y ubicar a abogados, activistas e individuos que han sido acusados.

Un análisis de los datos de la corte del Condado de Cook por The Circuit muestra que los hombres afroamericanos constituyen más de dos tercios de las personas acusadas bajo esta ley, y según el género, el 75 por ciento de los acusados son afroamericanos.

Los datos judiciales muestran que entre 1990 y 2016, la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook formalizó al menos a 60 personas de transmisión criminal del VIH. Los propios fiscales pusieron ese número más cerca de 80 personas durante ese período de tiempo, y la discrepancia podría provenir de innumerables ángulos. En nuestro análisis, eliminamos los nombres y casos que parecían estar relacionados o duplicados. Algunos casos, como el de Amutavi, podrían haber sido borrados o sobreseídos.

Los datos también muestran que los fiscales agregaron cargos de transmisión del VIH en casi 30 casos que alegan abuso o agresión sexual criminal o agravada, en casi la mitad de los cargos de transmisión del VIH que encontramos. Asimismo, los fiscales han acusado a 15 personas únicamente de transmisión criminal del VIH, la mitad de las cuales se han declarado culpables. Y aunque los fiscales retiraron aproximadamente un tercio de todos los cargos relacionados con el VIH, al menos 20 personas en el condado han sido condenadas por transmisión criminal desde 1989.

El primer fiscal del estado del Condado de Cook en acusar a alguien de transmisión criminal del VIH después de la ley aprobada en 1989 fue Cecil A. Partee, un demócrata que fue nombrado para reemplazar a Richard M. Daley después de que Daley fuera elegido alcalde de Chicago. Partee fue la primera persona afroamericana en servir como el principal fiscal del condado, y el Condado de Cook no elegiría una segunda persona afroamericana hasta que Kim Foxx, también demócrata, fuese elegida para el puesto en 2016.

El mandato de Partee fue de corta duración, derrotado por el republicano Jack O’Malley en una elección especial en noviembre de 1990. Los registros de la corte muestran que Partee presentó cargos en contra de al menos dos personas bajo esa ley. Una de ellas era un hombre afroamericano acusado en 1990 de agresión sexual criminal, transmisión criminal del VIH y detención ilícita. Se declaró culpable de este último cargo, mientras que los fiscales retiraron las acusaciones relacionadas con actos sexuales en su contra. La jueza de la Corte de Circuito Margaret Stanton McBride, ahora jueza de apelaciones de Illinois, sentenció al hombre a un año de prisión en 1991. No pudimos descubrir mucho más que eso; las leyes de privacidad restringen el acceso al archivo del caso, y no pudimos encontrar información de contacto del acusado o cualquier noticia sobre ese caso en particular.

Sin embargo, la otra acusación de Partee atrajo más titulares y avivó los temores de los críticos sobre el impacto desigual de la ley del VIH. El caso comenzó con el arresto de Olivia St. John en marzo de 1990, una mujer afroamericana transgénero a quien un artículo del Chicago Tribune de agosto de 1990 informó como el “primer caso de mordedura de SIDA” del condado.

Según los fiscales, St. John mordió y arañó a dos oficiales de policía mientras intentaban encerrarla en una estación de policía en el norte de la ciudad después de que estos la encontraran rompiendo las ventanas del automóvil, según el artículo. Un representante de la oficina del fiscal del estado en ese entonces le dijo al periódico que los fiscales aprobaron los cargos antes de consultar con expertos médicos, pero que luego los retiraron ya que no pudieron comprobar que el VIH se puede transmitir a través de la saliva. Según el CDC, la transmisión del VIH por medio de una mordedura es casi imposible.

Los registros judiciales sobre el caso muestran que St. John fue acusada inicialmente de dos cargos de transmisión criminal del VIH y cuatro cargos de agresión agravada. St. John se declaró culpable de un solo cargo de agresión agravada en octubre de 1990, y el juez Howard T. Savage la sentenció a tres años en el Departamento Correccional de Illinois. En los registros judiciales se usaron indicadores de género masculino para St. John, a quien el Tribune informa que identificó como una mujer, aunque el artículo también usó marcadores de género masculinos.

Es casi seguro que St. John fue enviada a una prisión de hombres en el estado, a pesar de ser una mujer. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) tiene una demanda en contra del Departamento Correccional del estado, alegando que la agencia no cuida adecuadamente a las personas trans bajo su custodia. El artículo de 1990 del Tribune sobre el caso de St. John también utiliza un lenguaje ofensivo, anticuado y transfóbico para describirla.

Bill McMillan, miembro de la delegación de Chicago de ACT UP, el histórico grupo activista que aboga por lo afectados por el VIH/SIDA, es citado en el artículo de 1990 diciendo que el arresto de St. John se “basó en el racismo, la homofobia y el pánico al SIDA”. ACT UP forzó al gobierno, y al público, a enfrentar la realidad del virus durante el comienzo de la crisis del SIDA cuando Ronald Reagan era presidente. El grupo por personas comunes y corrientes fue fundado en la ciudad de Nueva York en 1987, dos años antes de que Illinois aprobara su ley de criminalización del VIH.

McMillan le dijo al Reader y a Injustice Watch que casos como el de St. John eran demasiado comunes. Dice que no culpa a St. John por haber mordido y arañado a los oficiales.

“Fueron bastante violentos con nosotros, bastante brutos con mucha gente”, dice. “Probablemente estaba luchando por su vida”.

McMillan, quien ahora vive en Palm Springs, California, dice que fue diagnosticado con VIH en 1983, cuando el virus era conocido como “GRID,” o Deficiencia Inmune Relacionada con Personas Gays. Dice que la ley de criminalización del VIH de Illinois, y otras leyes similares en todo el país, se produjeron en un momento particularmente difícil en la crisis del SIDA, cuando miles de personas estaban muriendo debido en gran parte a que el gobierno federal les dio la espalda.

“Tenía miedo”, dice McMillan. “Creo que todos teníamos miedo. Estábamos indignados. Simplemente fue otro ataque contra nosotros… ¿sabes?, cuando aprobaron esa ley restregaron sal en la herida. Y realmente afectó mi autoestima, afectó mi salud mental, afectó mis emociones”.

Los fiscales no pudieron comprobar que St. John podría haber transmitido el virus a través de los rasguños y el escupido en 1990. Pero eso no impidió que el Condado de Cook presentara cargos contra otras personas basados en creencias científicas falsas.

En un caso, a partir de diciembre de 2000, un hombre con VIH fue acusado en virtud de la ley después de presuntamente escupir sangre a policías mientras era detenido durante una violencia doméstica, según muestran los registros. En noviembre de 2011, la policía de Oak Park acusó a un hombre de transmisión criminal del VIH luego de que supuestamente mordiera a un oficial en el pulgar durante un arresto, rompiéndole la piel.

Muchos casos también se centran en examantes que llaman a la policía alegando que sus parejas ocultaron su estado serológico respecto al VIH.

En un caso de 1993, una mujer fue acusada de intento de asesinato y transmisión criminal del VIH después de que no le informó a su esposo que tenía el virus. Los fiscales explicaron el cargo de intento de asesinato en documentos judiciales sosteniendo que al exponer a su esposo con el VIH era “un paso sustancial hacia un acto de asesinato en primer grado”.

En una petición para destituir la demanda, la mujer y sus abogados argumentaron que la ley era vaga y violaba sus derechos. La moción fue rechazada y se declaró culpable de transmisión criminal del VIH. En 1994, el juez del Condado de Cook Richard E. Neville le prohibió tener relaciones sexuales sin protección de cualquier tipo durante cuatro años como parte de su libertad condicional.

Más tarde se descubrió que había violado su libertad condicional después de que dio a luz a un niño.

Más recientemente, en 2013, el oficial de policía de Cicero John Savage fue acusado por los fiscales del Condado de Cook después de que su pareja sexual se enteró de que tenía VIH y llamó a la policía, según informes de prensa de su arresto. Pero, al igual que Amutavi, Savage prácticamente no representaba ningún riesgo de transmitir el virus, dicen líderes de grupos como Lambda Legal, la Fundación del SIDA de Chicago y la ACLU de Illinois.

Savage finalmente se declaró culpable de un cargo menor al año siguiente; los activistas dicen que los fiscales rutinariamente acumulan cargos para asegurar condenas, mientras que los cargos específicos de VIH a menudo no se cuestionan. El Chicago Tribune informó recientemente que Savage finalmente dejó la policía y el estado de Illinois después de que su caso había terminado. No pudo ser contactado para este artículo.

Pero incluso en medio de una ola de fiscales de distrito progresistas que son elegidos en todo el país, estos todavía tienen pocos incentivos para hablar en contra de estas leyes o dejar de procesar estos cargos directamente, dice Kenyon Farrow, codirector ejecutivo de Parejas por Derechos & Dignidad (Partners for Dignity & Rights), anteriormente conocida como la Iniciativa Nacional de Derechos Económicos y Sociales.

“Los fiscales de distrito a menudo tienen ambiciones políticas más grandes, y la forma en que dejan su legado para postularse para cargos como alcalde, gobernador, cargos federales es por su historial de cuántas personas llevaron a juicio”, dice.

En el Condado de Cook, los fiscales se diferencian en cuanto a la frecuencia en que presentaban cargos relacionados con el VIH. El exfiscal estatal O’Malley procesó 19 casos desde 1992 a 1996, un promedio de casi cinco casos al año. Su sucesor, Dick Devine, inició 24 casos entre 1997 y 2008, un promedio de unos dos casos al año. Anita Álvarez dio juicio a 16 casos desde 2010 hasta 2016, unos tres casos al año y más cerca del promedio de O’Malley.

O’Malley, Devine y Álvarez no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios al cierre de esta publicación.

Aproximadamente cinco meses antes de que Amutavi fuese acusado, Álvarez le dijo al Windy City Times, en lo que se consideró como una declaración histórica en ese momento, que la ley de criminalización del VIH del estado “no tiene sentido y está claramente desactualizada y fuera de línea con la ciencia moderna”. Pero eso no detuvo a su oficina para presentar cargos bajo la ley.

La oficina de Álvarez presentó cargos bajo la ley de criminalización del VIH en mayo de 2016, dos meses después de sus comentarios y nuevamente en noviembre siguiente, según datos judiciales.

Amutavi fue arrestado ese octubre. Erickson, su abogado, dice que la oficina de Álvarez llevó a cabo una investigación muy poco rigurosa sobre las acusaciones contra Amutavi antes del arresto. Él y su abogado afirman que la mujer que dio inicio a las acusaciones estaba al tanto de su condición de VIH cuando lo denunció a la policía, y solo encontró a las otras dos denunciantes después de que se metiera a su teléfono.

Las autoridades del Condado de Cook dicen que Amutavi fue una de las últimas personas a quien se le presentaron cargos bajo esta ley. Los orígenes de la medida, que se aprobó en 1989 durante el apogeo de la epidemia de VIH/SIDA en Estados Unidos y el pánico que conllevó, es crucial y se refleja en la propia ley.

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Apenas dos años antes de que la exrepresentante del estado de Illinois Penny Pullen, una republicana de Park Ridge, presentara el proyecto de ley de criminalización del VIH del estado en 1989, el presidente Ronald Reagan la nombró para ser parte de su Comisión Presidencial sobre el VIH/SIDA.

Pullen fue elegida por primera vez en 1977, representando al Distrito 55, que abarca los suburbios al norte y al oeste de Chicago, incluyendo Des Plaines, Park Ridge y parte de Niles. Pasó 16 años en la Cámara de Representantes de Illinois, llegando finalmente al rango de asistente líder de la minoría, y se hizo conocida en Springfield por patrocinar varios proyectos de ley relacionados con el VIH/SIDA, todos controversiales.

Uno de ellos se convertiría en 1987 en una ley de corta duración, que requería que las parejas se hicieran la prueba del VIH antes de obtener certificados de matrimonio. La ley atrajo fuertes críticas de todo el país y duró 21 meses antes de ser derogada por la legislatura estatal en septiembre de 1989.

La ley de criminalización del VIH de Illinois se puso en marcha durante un momento particularmente crítico de la crisis del VIH/SIDA en los Estados Unidos. Apenas dos años antes de que la ley 1871 de la Cámara fuera aprobada por la legislatura estatal, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, comúnmente conocida como USDA, aprobó un medicamento tóxico llamado azidotimidina —el cual fue originalmente usado contra el cáncer sin dar buenos resultados— así como el primer medicamento para combatir el VIH/SIDA. Había 100,000 casos de SIDA reportados en el país durante el periodo en que se aprobó la ley de Illinois, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

La legislatura estatal finalmente aprobó dos versiones del proyecto de ley de criminalización del VIH, una de la Cámara de Representantes y otra del Senado, aunque esta última fue vetada por su redundancia. Aunque dichos proyectos de ley recibieron un apoyo significativo en ese entonces, también tuvo fuertes críticas, según registros. Uno de los críticos más efervescentes fue el representante Ellis B. Levin, un demócrata.

“Lo que tenemos aquí es un proyecto de ley que básicamente dice discriminemos a las personas que están enfermas”, dijo Levin a los miembros de la Cámara en junio de 1989. “[Dice que] hagamos que sea un crimen estar enfermo… ¿Saben qué? En un momento dado uno tiene que decir ya basta”.

Como una muestra de apoyo al proyecto de ley, sin embargo, el representante estatal Ron Stephens, un republicano, aseveró que era “absolutamente ridículo” oponerse al proyecto de ley de Pullen después del testimonio de Levin.

“No estamos hablando de un resfriado común aquí, representante”, dijo Stephens dirigiéndose a Levin. “Estamos hablando de una enfermedad mortal. ¿Por qué no lo entiendes de una vez por todas? Dejen la demagogia sobre el tema”.

El entonces representante Ed Petka también declaró su apoyo a la versión del Senado. Durante su testimonio, Petka evocó imágenes sensacionalistas de hombres homosexuales con HIV mordiendo a policías durante los arrestos, afirmaciones que según él se las comentó un oficial de policía de Chicago, quien era un amigo cercano.

Pullen también fue parte del Consejo de Intercambios Legislativos Americanos (ALEC, por sus siglas en inglés) —una organización benéfica ultraconservadora compuesta por legisladores y líderes empresariales que envía modelos de legislación a los gobiernos estatales de todo el país— junto con su escaño en la Cámara de Representantes estatal y su rol en la Comisión del SIDA de la administración de Reagan. Y como escribió Trevor Hoppe en su libro de 2017 titulado Punishing Disease: HIV and the Criminalization of Sickness (Enfermedad Punitiva: El VIH y la Criminalización), Pullen usó sus influencias con ALEC para difundir sus ideas políticas del SIDA.

“Ella no es el final de todo, pero ocupa un lugar realmente instrumental en la historia”, dice Hoppe, profesor asistente de sociología en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. “No hay nadie más quien realmente haya desempeñado un papel similar en la promoción específica de las leyes penales contra el VIH”.

Pullen no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

El mismo año en que Pullen presentó el proyecto de ley 1871 de la Cámara, ALEC publicó un informe sobre la política del SIDA, escribió Hoppe. El informe incluía modelos de legislación sobre temas como la educación pública, notificación (del virus) a las parejas, la detección obligatoria de las personas encarceladas y la penalización del VIH.

La versión de la organización sobre un decreto de criminalización del VIH era casi idéntica al proyecto de ley de Pullen en Illinois, y fue propuesta por primera vez por ella durante su testimonio antes de que se formara el grupo de trabajo de ALEC sobre el SIDA, escribió Hoppe.

Pero la influencia de la ley de Illinois no se limitaba solo a ALEC. Hoppe escribió que los legisladores en Nevada recurrieron al proyecto de ley 1871 de la Cámara al redactar su propia propuesta de ley de criminalización del VIH. Los legisladores de Alaska también conversaron con las autoridades en Illinois acerca de esta ley.

La Corte Suprema de Illinois rechazó un recurso de inconstitucionalidad a la ley a principios de 1994. La Asociación Americana de Salud Pública, la Asociación de Salud Pública de Illinois y, por separado, el Consejo Legal del SIDA, presentaron informes del caso instando al tribunal superior del estado a anular la ley por ser considerada inconstitucional.

“La extrema ambigüedad de la ley socava los esfuerzos educativos esenciales para limitar la propagación del VIH”, indicaban los informes.

Pero en una opinión tajante emitida en enero de 1994, el exjuez James D. Heiple (quien falleció a principios de este año) criticó las afirmaciones en cuanto a que la ley era vaga y violaba los derechos de dos acusados a la libertad de expresión y asociación. Heiple, un republicano, sirvió en la Corte Suprema de Illinois durante una década a partir de 1990.

“Lo vago como lo bello está en los ojos de quien lo mira”, escribió el juez. “Nosotros, sin embargo, leemos que el estatuto es lo suficientemente claro y explícito como para que una persona de inteligencia común y corriente no tenga que adivinar su significado o aplicación”.

En 2012, la legislatura estatal de Illinois enmendó la ley de penalización del VIH para exigir específicamente que la intención de transmitir el virus esté presente, un esfuerzo para calmar a los activistas que empujaban reformas. Pero críticos como Davis, director de políticas de la Fundación del SIDA de Chicago, dicen que el cambio es poco para reformar la ley debido a la dificultad de probar la intención. Hoy, 30 años después de que la ley de Pullen fuese aprobada por primera vez en Illinois, los fiscales de todo el país continúan persiguiendo casos bajo leyes similares.

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El Centro de Leyes y Reformas del VIH informa que, hasta julio pasado, 28 estados tenían leyes penales específicas para esta enfermedad y otros ocho tenían sentencias actualizadas que ya pueden ser aplicadas. Además, 25 estados también han utilizado leyes de derecho penal general para procesar a personas con VIH. Scott Schoettes, director del Proyecto de VIH de Lambda Legal, ha desafiado una serie de condenas centradas en el VIH en todo el país.

En 2012, ayudó a ganar un fallo del tribunal más alto de Nueva York que indicaba que la saliva de un hombre con VIH no podía considerarse un “instrumento peligroso” según la ley estatal. El fallo anuló una condena por agresión agravada contra David Plunkett por un incidente de 2006 en el que mordió a un oficial de policía. En el momento de su liberación, había cumplido la mitad de una condena de 10 años.

En 2014, Schoettes ayudó a la exoneración de Nick Rhoades, quien había sido condenado a 25 años en una prisión de Iowa en 2008 por no revelar que tenía VIH a su pareja sexual a pesar de que habían tenido relaciones sexuales con protección. Como parte de esa sentencia, también se le exigió que se registrara como agresor sexual. Después de que la sentencia de Rhoades se acortara a libertad condicional, Schoettes se hizo cargo de su caso y luchó con éxito para que se anulara su condena.

Schoettes señaló rápidamente que, junto con los estatutos penales específicos del VIH, las personas con el virus son además frecuentemente procesadas según leyes de derecho penal general, incluyendo a Plunkett. Esto, dice Schoettes, hace que el rechazo de las leyes específicas del VIH sea menos efectivo si esos esfuerzos no se centran también en aquellas de derecho penal general.

Junto con las acusaciones en sí, Schoettes dice que la exposición que las acompaña también puede ser perjudicial. Pero a diferencia de la época en que se aprobaron estas leyes, la cobertura de noticias de las acusaciones ahora se quedan permanentemente en el Internet, al igual que las fotos y, a menudo, la información médica privada.

Y a medida que los medios de comunicación cubren estos casos, los acusados a menudo son caracterizados como propagadores de enfermedades maliciosas y no, como a menudo lo son, víctimas de estigmatización y de las circunstancias, con su información médica ahora pública, la cual alguna vez había sido privada.

Farrow, de Partners for Dignity & Rights, dice que ve artículos noticiosos de este tipo en todo el país al menos una vez a la semana.

“[Estos artículos] casi siempre se enmarcan en torno a: ‘Esta persona es una especie de leproso que está aquí tratando de infectar a otras personas’”, dice Farrow, quien también trabajó recientemente como editor en la publicación The Body, que abarca temas sobre el VIH/SIDA.

Tami Haught es la directora general del Proyecto Sero, que tiene como objetivo revocar los proyectos de ley de criminalización del VIH en todo el país. Ella dice que su difunto esposo, quien fue diagnosticado con SIDA en 1993, tenía mucho temor de que su familia la obligara a presentar cargos contra él bajo la ley de criminalización del VIH de Iowa. Dice que finalmente él sufrió un colapso mental.

Haught ha tenido el VIH por más de 27 años, y dice que su difunto esposo falleció de neumonía, insuficiencia renal y complicaciones relacionadas con el SIDA. Pero señala que las otras causas de su muerte, como el estigma, la vergüenza y el miedo, son mucho más difíciles de diagnosticar.

Haught habló ante la legislatura estatal de Iowa en 2013 y 2014 y ayudó a actualizar el estatuto sobre el VIH en ese estado. En 2014, Iowa actualizó su estatuto para eliminar una sentencia de 25 años de prisión y permitir un sistema de sentencias escalonadas, incluyendo delitos graves y delitos menores, dependiendo de la situación. Haught dice que sabe de situaciones en las que las leyes de criminalización del VIH se han utilizado para atrapar a las personas que viven con el VIH en relaciones abusivas.

“Estas leyes fueron puestas en los libros para proteger a las mujeres”, dice Haught. “Y en realidad las mujeres corren el mayor riesgo de ser enjuiciadas o ser víctimas de violencia doméstica o manipulación debido a estas leyes, y sus parejas las usan para mantenerlas atrapadas”.

Junto con Iowa, otros estados también han actualizado sus decretos penales relacionados con el VIH de varias maneras. Más recientemente, a principios de abril, Virginia actualizó sus leyes específicas sobre el VIH para exigir un peso de prueba más contundente con respecto a la intención de transmitir el virus y la transmisión actual del virus. Sin embargo, la ley estatal todavía hace que sea un delito grave transmitir intencionalmente el VIH, apodado “agresión sexual infectada”.

A finales de 2018, Michigan actualizó su ley de divulgación del VIH para eximir de enjuiciamiento a las personas que viven con el VIH que están en tratamiento y personas con función inmunitaria suprimida del virus. En 2017, California rebajó de un delito grave a un delito menor a personas que intencionalmente expusieron a sus parejas sexuales al VIH, y redujo la posible pena de prisión que va de tres a ocho años a seis meses. Colorado, en 2016, derogó dos de sus leyes de criminalización sobre el VIH y modificó significativamente una tercera.

Farrow criticó en particular las reformas que solo eximen de enjuiciamiento a las personas con función inmunitaria suprimida del virus, apuntando a desigualdades de salud significativas que existen en el país. “Hay una especie de percepción falsa de que todo el mundo tiene igual acceso a la atención del VIH, y simplemente no es cierto”, dice.

Y aquí en Illinois, ahora está en manos del gobernador derogar la ley de criminalización del VIH del estado.

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Hasta hace poco, la foto de Amutavi era lo primero que aparecía tras la búsqueda de su nombre en Internet. Pero algunas organizaciones de noticias, incluyendo el Chicago Tribune, han comenzado a ofrecer vías para que las personas soliciten que se les eliminen las fotos publicadas, finalmente comprendiendo los daños que estas publicaciones sin contexto pueden causar. Después de que el autor de esta historia se enteró de la oferta del Tribune a principios de este año, instaron a Amutavi a contactarlos. Desde entonces, su foto ha sido sacada del sitio web del Tribune. Pero los artículos sobre los cargos en su contra permanecen, limitando de nuevo su capacidad para seguir adelante por completo. Sin embargo, si un grupo de legisladores estatales logran su objetivo, no habrá nunca más cargos bajo esta ley.

En febrero de 2021, el senador estatal de Illinois Robert Peters, D-Chicago, patrocinó un proyecto de ley para enmendar el código penal de 2012 de manera de eliminar por completo el decreto de penalización del VIH y rectificar otras leyes relacionadas con el VIH. El proyecto de ley recientemente fue aprobado por ambas cámaras de la Asamblea General de Illinois y ahora se espera la firma del gobernador.

En una entrevista con el Reader y Injustice Watch, Peters dice que estaba motivado para presentar el proyecto de ley después de que los activistas de la Alianza de Acción del VIH en Illinois (HIV Action Alliance) recurrieran a él. La coalición fue creada en junio de 2019 para poner fin a la criminalización del VIH en el estado. Se refirió a la ley y a otras similares como la combinación de racismo anti afroamericano y el “pánico gay”.

“Cuando combinas ese tipo de prejuicios sistémicos con un sistema de encarcelamiento que se basa en eso, obtienes leyes como estas que no hacen nada por nadie”, dice Peters.

Unos meses antes de que la Alianza de Acción del VIH de Illinois se hiciera pública, los miembros enviaron una carta al Fiscal General Kwame Raoul en marzo de 2019 pidiéndole que emitiera una opinión formal por escrito, describiendo que el decreto requiere una intención específica de transmitir el VIH.

“Durante su campaña, usted habló apasionadamente de su compromiso de larga data con la reforma de la justicia penal”, dice la carta. “Como parte de esa promesa, le instamos a que dé prioridad a poner fin a los enjuiciamientos injustos de las personas que viven con el VIH”.

Desde que se presentó el proyecto de ley de Peters, casi tres docenas de legisladores, incluyendo Mike Simmons, quien fue recientemente nombrado y es el primer senador estatal abiertamente gay de Illinois, se convirtieron en copatrocinadores. Peters dice que tiene la esperanza de que el proyecto de ley sea firmado por el gobernador, acreditando, en particular, a los organizadores afroamericanos queers que lideraron la acusación contra la ley original de criminalización del VIH. Sin embargo, admite que incluso hoy, tras décadas de lucha contra el VIH, los progresos tienen sus límites.

“Cuando tengamos debates en la cámara, no me sorprendería si escuchamos declaraciones similares a las que se hicieron en el pasado”, dice Peters, refiriéndose a los comentarios incendiarios de los miembros de la Asamblea General No. 86 que debatieron la ley original en 1989. “Y creo que va a ser repugnante, y desagradable, pero esa no es la mayoría de las voces, creo, en nuestra cámara y bajo la cúpula”.

Pero incluso si la ley de Peters se aprueba, el alivio para las personas previamente acusadas bajo la ley, como Amutavi, es limitado. Abandonó una carrera que le satisfacía, y se expuso a nivel nacional su nombre, su rostro y su estado serológico. El calvario tuvo impactos irreversibles en él y su familia.

Y a pesar de todo lo que ha soportado, Amutavi mira hacia adelante con propósito. Le pregunté si tenía algo que decirle a la mujer que inició las acusaciones.

“Ella no me enterró”, dice. “Me permitió crecer”.

Traducido por Marcela Cartagena