Este artículo, publicado originalmente en inglés por Chalkbeat Chicago, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

Por Samantha Smylie 

Los defensores de la educación especial están presionando al estado para que extienda el plazo que les permite a las familias de Chicago buscar ayuda por los años que el distrito escolar retrasó o denegó servicios a los niños con discapacidades.

A mediados de marzo se aprobó ante el comité un proyecto de ley en la legislatura estatal que ampliará el plazo y que pasará a la cámara baja para su debate.

Los defensores dicen que el distrito escolar ha llegado solo una parte de las familias que prometió contactar, por lo que también están renovando ese llamado para ampliar el período de tiempo en el que Chicago permanecería bajo un monitor estatal por los años en los que no ofreció dichos servicios.

La pandemia, según advierten, ha empeorado la situación de los niños con discapacidades.

A mediados de marzo los defensores de la educación especial asistieron a la reunión del comité de políticas y currículos escolares de la Cámara para testificar a favor del proyecto de ley HB 2425. Este proyecto de ley extenderá el cronograma para que las familias de Chicago puedan presentar una queja ante la junta estatal de educación entre el 30 de septiembre de este año y el 30 de septiembre del 20l22. El proyecto de ley ha recibido mucho apoyo, con 345 declaraciones de testigos a favor.

Una investigación de WEBZ realizada en 2017 encontró que a los estudiantes con necesidades especiales se les negaron de manera ilegal los servicios de educación especial por parte de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) entre los años escolares 2016-2017 y 2017-2018. Como resultado del informe, en julio del 2018 el estado instaló un monitor en el distrito para identificar a los estudiantes que perdieron servicios durante esos dos años escolares y para encontrar maneras de ayudar a esos estudiantes. El distrito ha identificado a 10,000 estudiantes que pueden recibir fondos por los servicios perdidos, mientras que más de 1,000 estudiantes recibirán servicios.

El tema también ha surgido en la junta escolar estatal. A principios de marzo, William Hrabe, abogado de Equip for Equality, comentó  que durante la reunión mensual de la junta estatal que Chicago se dijo que para finales de septiembre, se harían 10,500 llamadas telefónicas y que se realizarían 1,300 reuniones con las familias. Hasta el momento, las Escuelas Públicas de Chicago han confirmado que han hecho 326 llamadas telefónicas y 235 reuniones.

Hrabe hizo un llamado a la junta para extender el tiempo del monitor en el distrito. “Muchas de estas decisiones ciertamente tendrán lugar después de la asignación mínima de tres años para la posición de monitoreo y que vence a finales de este año”, dijo.

Barbara Cohen, defensora de la educación especial del Consejo Legal para la Justicia de Salud, testificó ante el comité de la cámara en apoyo al proyecto de ley. En 2019, ella y otros defensores de la educación especial pidieron al estado que extendiera el plazo a dos años y ahora están de vuelta para solicitar otra extensión, contó.

“Pensamos que ahora todo estaría bien y que prolongarlo por dos años sería suficiente. Los retrasos para poner en marcha este programa han sido tan atroces que no hay manera de que esté listo para septiembre”, dijo Cohen.

La junta estatal de educación le ha dado su apoyo al proyecto de ley.

“Extender el plazo se considera necesario para evitar el riesgo de un gran aumento de las presentaciones hasta el plazo actual del 30 de septiembre del 2021. El aumento anticipado de las solicitudes podría abrumar al sistema para que investigue estas quejas”, dijo Jaclyn Matthew, portavoz de la junta estatal de educación.

Sin embargo, los funcionarios estatales no han comentado si van a ampliar el tiempo del monitor actual o si van a colocar más monitores en el distrito para así observar el proceso. El monitor actual comenzó a funcionar en julio de 2018, y el estado ha dicho que eso determinará la necesidad del monitor después de tres años escolares.

El proyecto de ley fue aprobado unánimemente por el comité de la Cámara de Representantes.

Corrección: La versión anterior de este artículo tenía a William Hrabe, abogado de Equip for Equality, identificado con otro nombre.

Traducido por Gisela Orozco