Este artículo, publicado originalmente en inglés por Borderless Magazine, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).
Por Yilun Cheng
Durante la primavera de 2015, Jesús Santos entró a la oficina de Inmigración y Aduanas de Oakbrook Terrace con el fin de entregarse a las autoridades.
Fue un movimiento arriesgado para un inmigrante indocumentado. Pero el padre de tres hijos y de 46 años de edad, y quien ha vivido en Estados Unidos desde que tenía 15 años, tenía pocas opciones.
Solicitar asilo sería casi imposible: aunque su ciudad natal, Guerrero, México, está plagada de pandillas callejeras y grupos guerrilleros armados, no puede comprobar que si regresa se enfrentaría al peligro. En teoría, Santos podría esperar a que su hijo mayor —que es ciudadano de EEUU— cumpla 21 años y luego solicitar la residencia legal permanente (conocida como “green card”) como pariente inmediato, pero primero tendría que regresar a México y esperar allá por lo menos 10 años.
Al ubicarse en el proceso de deportación, Santos podría solicitar que se ajuste su estado y posiblemente obtener la residencia permanente a través de un beneficio conocido como cancelación de la deportación.
“Sé que era un gran riesgo, pero ya no quiero vivir en las sombras”, dijo Santos, quien vive con su esposa e hijos en Riverside, suburbio ubicado a las afueras de Chicago. “Solía estar nervioso todo el tiempo. Si todo va bien, me gustaría pulsar un botón de reinicio y empezar todo de nuevo”.
Pero el largo viaje de Santos a la residencia legal apenas comenzaba. Solicitar la cancelación de la deportación — un tipo de alivio de deportación que ajusta el estatus de un inmigrante de “deportable” a “legalmente admitido para obtener residencia permanente”— nunca ha sido fácil ni rápido.
Sus disposiciones legales son tan poco claras y sus requisitos de elegibilidad tan exigentes, que sólo el 6.5 por ciento de los más de un millón de inmigrantes que se presentaron en los procedimientos de deportación en los últimos cuatro años solicitaron el beneficio, según datos del Transactional Access Records Clearinghouse (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse.
El proceso sólo ha empeorado bajo la administración de Trump y durante la pandemia de COVID-19, que ha tensado el sistema judicial y puesto en espera muchos casos para inmigrantes no detenidos. Con la mayor acumulación de casos pendientes en los tribunales de inmigración y la mayor presión política sobre los jueces para que entreguen las deportaciones, las probabilidades están cada vez más en contra de los solicitantes.
“La cancelación de la eliminación es bastante específica y bastante restrictiva y simplemente no aplica a mucha gente”, dijo Austin Kocher, integrante de la facultad en TRAC. “Y muchas personas simplemente no lo saben porque quizá no tienen un buen abogado de inmigración, o quizá no tienen un abogado de inmigración en absoluto”.
Actualmente, sólo uno de cada cuatro inmigrantes está representado en el proceso de deportación, según datos recopilados por TRAC. El año pasado, los que no estaban representados se enfrentaron a una tasa de deportación del 82 por ciento, en comparación con el 19 por ciento de los que sí tenían abogados.
Los largos tiempos de espera también desalientan a los inmigrantes a solicitar la cancelación. Por un lado, dijo Kocher, los solicitantes tienen más tiempo para preparar sus documentos y recaudar dinero para sus honorarios legales, que por lo general son de miles de dólares. Por otra parte, tanto la situación personal del solicitante como las directrices nacionales sobre una forma específica de alivio podrían cambiar durante un largo período de tiempo. Además de aumentar la ansiedad de los solicitantes, los retrasos también podrían afectar las decisiones finales del caso.
En teoría, un juez podría procesar un caso bien preparado como el de Santos dentro de una semana, según Denise Slavin, ex jueza de inmigración. Pero la administración actual le ha dado prioridad a los casos de los recién llegados a la frontera, los niños no acompañados y los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Los casos de cancelación, dijo Slavin, usualmente permanecen enterrados en los atrasos. Santos, por ejemplo, tiene amigos en situaciones similares que han estado esperando por más de 10 años para procesar sus solicitudes.
Bajo la administración de Trump, el sistema de tribunales de inmigración se ha visto abrumado por un aumento de nuevos casos de deportación, y el número de casos atrasados se ha disparado en un 160 por ciento a un nivel máximo histórico de más de 1.2 millones, según datos de TRAC. A nivel nacional en la última década, el tiempo promedio de espera para un caso de deportación casi se ha duplicado de 447 a 849 días. Los casos de cancelación, específicamente, pueden extenderse fácilmente hasta por cinco años, dijeron los expertos.
Aparte del gran número de casos de deportación que requieren procesamiento, la politización del sistema de tribunales de inmigración por parte de la administración Trump también empeoró los retrasos. Poco después de la toma de posesión de Trump, el Departamento de Justicia envió a Slavin y a otros tres jueces a la frontera para escuchar los casos de los recién llegados a la frontera. Pero fue sólo un “circo”, dijo Slavin. En realidad, tuvo que aplazar unos 200 casos en su lista y durante su viaje sólo escuchó siete casos.
“La administración actual nos está obligando a programar los casos según sus prioridades policiales en vez de cuando el caso está listo para ser llevado a corte”, dijo Slavin. “Bajo esta administración cada vez tenía menos control y se me consideraba más empleada que jueza”. Harta de la presión diaria del Departamento de Justicia para deportar al mayor número posible de inmigrantes, en abril pasado se retiró, después de 24 años en el estrado.
Ganar un caso de cancelación es una batalla difícil. La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 estableció la disposición legal para la cancelación de la deportación para así reemplazar un tipo de alivio similar conocido como suspensión de la deportación, después que los entonces senadores Spencer Abraham (R-Mich.) y Orrin Hatch (R-Utah) argumentaron que los jueces de inmigración otorgaban medidas discrecionales con demasiada libertad.
Previamente los solicitantes tenían que demostrar que su deportación traería “dificultades extremas” a ellos o a su familia; el estatuto de sustitución requiere la prueba de “dificultades excepcionales y extremadamente inusuales” a un familiar inmediato que sea ciudadano de EEUU o residente permanente. Bajo la ley actual, los inmigrantes también serán descalificados si son condenados por ciertos delitos, desde posesión de drogas hasta reclamos falsos de la ciudadanía de EEUU.
Según Alberto Benítez, director de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, antes de 1996 ganar un caso de suspensión para sus clientes fue un desafío. Pero el nuevo lenguaje, dijo, fue escrito deliberadamente para restringir aún más el número de solicitantes calificados.
“El Congreso lo hizo específicamente de esta manera para hacer el proceso tan desagradable, dañino y drástico como sea posible”, dijo Benítez.
Santos cumplió con el estándar de dificultad por la situación de Ximena, su hija de 20 años de edad, que nació con un defecto cardíaco grave. Se ha sometido a cinco cirugías y continúa visitando a sus médicos al menos una vez al mes.
Argumentó que sería imposible cuidar de Ximena y pagar por sus tratamientos continuos si él regresa a México. Pero después de que Ximena cumpla 21 años el próximo año, ya no puede ser parte de la cancelación de Santos del caso de deportación y la posibilidad de que sea aprobado sería exponencialmente menor.
La Corte de Inmigración de Chicago inicialmente programó el juicio de Santos para marzo de 2020 — más de cinco años después de la tramitación inicial— pero terminó retrasando la fecha tres veces debido a la pandemia en curso. Cuando Santos recibió una carta donde se le informaba que su nueva fecha de juicio era para 2024, entró en pánico.
“Sé que no es fácil. Hay mucha gente como nosotros en la lista de espera”, compartió Santos. “Pero cuatro años más es mucho, mucho tiempo. Cuando mi hijo cumpla 21, mi caso se termina”.
A diferencia del abogado de Santos, muchos abogados son reacios a recomendar a sus clientes a entrar en procedimientos de deportación sólo para solicitar la cancelación. El abogado de inmigración con sede en Colorado, Daniel Kowalski, dijo que durante sus 35 años representando a clientes en el sistema de inmigración, nunca ha tomado un caso como el de Santos No saber qué juez o fiscal va a obtener el solicitante, compartió, por lo que es un riesgo demasiado grande.
“La razón por la que más abogados no lo hacen es porque no quieren arriesgarse a tener un mal juez”, dijo Kowalski, quien también se desempeña como redactor jefe de Bender, el boletín de Inmigración.“Y el estándar es tan alto que incluso si ganan, el gobierno podría apelar y entonces estarían por años atados a la apelación”.
El riesgo se ha vuelto aún mayor en los últimos años cuando la administración Trump llenó el sistema de tribunales de inmigración con jueces de línea dura, según Paul Schmidt, ex juez de la Corte de Inmigración de EEUU en Arlington, Virginia. Durante años, grupos legales han instado al gobierno a contratar jueces de diversos orígenes para garantizar la justicia en los tribunales, pero la situación sólo se ha deteriorado en los últimos años, dijo Schmidt.
Luego de que Trump asumiera el cargo hace cuatro años; amplió drásticamente el tamaño de la magistratura de inmigración de 306 a 520 en octubre de 2020. En comparación, según el Departamento de Justicia, había un promedio de 258 jueces de inmigración trabajando en Estados Unidos en los años fiscales de 2010 a 2015.
“La administración de Obama fue simplemente negligente”, dijo Schmidt, sospechando que el ex presidente Barack Obama dejó docenas de jueces de inmigración vacantes cuando salió de la Casa Blanca. “La nueva administración tuvo la oportunidad de llenar esos puestos con un poder judicial de extrema derecha”.
La mayoría de los nuevos nombramientos procedían de las fuerzas del orden y es más probable que adopten decisiones con preferencia hacia los fiscales. Un informe de la organización sin fines de lucro Human Rights First destacó que el 88 por ciento de los jueces de inmigración nombrados en 2018 eran ex abogados del Departamento de Seguridad Nacional que procesaron casos de inmigración u otros fiscales del gobierno.
A medida que los jueces adoptan una postura más dura en materia de inmigración, la tasa de desestimación de los casos de asilo ha aumentado constantemente del 55 por ciento en 2016 a la tasa actual del 72 por ciento, según hallazgos de TRAC.
“En gran medida se trata de un poder judicial orientado a la aplicación de la ley y no a las debidas garantías procesales”, dijo Schmidt. “Es sólo un mal momento para ser un individuo con un caso en la corte de inmigración con un grupo de jueces antipáticos, movidas políticas tirando de los hilos, y las políticas inconsistentes de COVID”.
Afortunadamente para Santos, su abogado negoció exitosamente con el tribunal para agilizar su juicio.
El 12 de noviembre pasado, llegó a la Corte de Inmigración de Chicago acompañado por su esposa e hija. Sosteniendo en su mano un diario café lleno de notas, recorrió el pasillo mientras esperaba la audiencia que decidiría su destino y el de su familia.
Cuando se convocó su juicio, Santos entró silenciosamente en la sala del tribunal, se sentó frente al juez y se puso un auricular para que el intérprete pudiera traducir las preguntas al español.
Al igual que muchos casos realizados durante COVID-19, el abogado del Departamento de Seguridad Nacional se unió a la audiencia a través de teleconferencia. Mientras testificaba con una mascarilla, Santos habló sobre su historia de inmigración y las consecuencias desastrosas que su partida tendría para su familia.
Al final de la audiencia de una hora y media, el juez dijo que se inclinaba por un fallo favorable, pero que Santos tendría que esperar de 18 a 24 meses antes de recibir una decisión formal. Tal declaración generalmente significa que el juez ha aprobado extraoficialmente la solicitud, según Omar Abuzir, abogado de Santos.
Esa noche, Santos ordenó hamburguesas para sus hijos. Después de cinco años insoportables de espera, sintió que su familia merecía este momento de alivio.
“No sabía que iba a pasar tanto tiempo”, dijo Santos. “Fue muy, muy difícil para mí porque quiero hacer muchas cosas. Voy a comprar una casa para mi familia, y ayudaré a mis hijos a ir a la universidad”.
Traducido por Gisela Orozco
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