Este artículo, publicado originalmente en inglés por Injustice Watch, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

Por Josh McGhee

La secretaria del Tribunal del Circuito del Condado de Cook Iris Martínez ha dado pie atrás a su promesa de campaña de darle al público más acceso a los registros de su oficina bajo la Ley de Libertad de Información del estado.

La secretaria, o actuaria, es quien lleva los registros oficiales del Tribunal del Circuito del condado y es responsable de cobrar y distribuir decenas de millones de dólares en multas y honorarios judiciales. Pero el tribunal no está sujeto a las leyes de registro abierto del estado. Esa exclusión significa que el público se ha mantenido en gran medida sin conocer acerca de las operaciones y el financiamiento de uno de los sistemas judiciales unificados más grandes de Estados Unidos.

El miércoles 7 de abril, Martínez dio su apoyo al proyecto de ley SB583 del senado de Illinois, que haría que su oficina estuviese sujeta a la Ley de Registros Locales, ley estatal que, según los abogados, no proporciona la misma transparencia que el Acta para la Libertad de Información, conocido comúnmente en inglés como FOIA.

“Ciertamente creemos que la población tiene derecho a saber cómo se gastan los fondos públicos y, lo que es más importante, que tengan acceso a esa información”, dijo Martínez en una conferencia de prensa en el Centro Daley junto al principal patrocinador del proyecto de ley, el senador estatal Michael Hastings (D-Frankfort). “La inclusión de la oficina del Secretario de Circuito en la Ley de Registros Locales se asegura que la información siga siendo pública, incluso después de que mi mandato como secretaria del tribunal termine”.

Pero el nuevo proyecto de ley es un cambio en el discurso respecto a las promesas que Martínez hizo como candidata.

En un foro de candidatos en febrero de 2020, Martínez, quien entonces era senadora del estado de Illinois, dijo que someter a la oficina del Secretario del Tribunal a la ley FOIA era “la única manera en que vamos a ser capaces realmente de indagar en lo más profundo y encontrar dónde están los problemas y empezar a abordarlos”.

Dorothy Brown, la predecesora de Martínez, fue objeto de una investigación federal por corrupción. Asimismo, la oficina del tribunal ha sido fuertemente criticada por décadas por su lentitud, retrasos e ineficiencias. En 2018, la publicación del Chicago Reader informó que al menos dos docenas de reclusos contaban con apelaciones posteriores a la condena, retrasadas porque la oficina del tribunal no podía encontrar los archivos de sus casos.

Al mismo tiempo, la oficina del tribunal ha excluido al público de acceder a información crucial sobre cómo los casos están avanzando en el sistema judicial, quiénes son los más afectados por multas judiciales y tarifas, y cómo administra su presupuesto anual de $120 millones.

Una promesa de campaña enmendada

Martínez no fue la única candidata que prometió someter a la oficina del tribunal a la ley FOIA. Sin embargo, Martínez, cuando era senadora estatal, tuvo una ventaja sobre sus oponentes. Solo una semana antes del foro del año pasado, Martínez presentó un proyecto de ley que haría precisamente eso.

“Por primera vez en más de 20 años vamos a tener la oportunidad de llevar un poco de luz y transparencia a una oficina que se ha visto ensombrecida por tanta corrupción, favoritismo y mala gestión”, dijo Martínez en el foro, que patrocinó la Federación Cívica, una organización no partidista.

Su proyecto de ley no llegó a buen puerto en la sesión legislativa del año pasado, la cual fue interrumpida por la pandemia.

Cuando Hastings presentó un proyecto de ley idéntico a principios de este año, la Federación Cívica, organización que aboga por un gobierno transparente, apoyó el esfuerzo, según una carta que enviaron a los patrocinadores del proyecto de ley. Pero luego Hastings presentó una enmienda, la cual Martínez apoya, que va en contra de las referencias a la ley FOIA, y en cambio hizo que la oficina del tribunal se sometiera a la Ley de Registros Locales, conocida por ser anticuada, turbia y menos robusta.

La abogada Alexandra Block dijo que la enmienda “hace que [el proyecto de ley] sea efectivamente inocuo”. Block, que ha litigado demandas de registros públicos en nombre de organizaciones de noticias y abogó por una mayor transparencia en el sistema judicial, dijo que la Ley de Registros Locales se queda corta en varios aspectos.

A diferencia de la ley FOIA, que permite a cualquier miembro de la ciudadanía solicitar una amplia gama de registros a las agencias públicas, la Ley de Registros Locales solo permite a los solicitantes “inspeccionar” documentos en persona, mientras que la enmienda solo se aplica a los registros de la oficina del tribunal sobre la “obligación, recibo y uso de fondos públicos”.

“Era una ley que estaba escrita para la era del uso de papel, no para la electrónica”, dijo Block, y agregó que “no hay recurso” bajo la Ley de Registros Locales si las agencias públicas no satisfacen las solicitudes.

Patrick Hanlon, uno de los principales asistentes de Martínez, dijo que la secretaria sigue dedicada al tema de la transparencia, pero que, durante su campaña, se hizo “claramente evidente” que la oficina del Secretario del Tribunal del Circuito es una “oficina no judicial” y por lo tanto no está sujeta a la ley FOIA.

“No se puede obligar al poder judicial a ser parte de FOIA”, dijo Hanlon.

Pero Block señaló que la opinión de Hanlon “tiene cero sentido”.

“La legislatura estatal está plenamente facultada para establecer leyes de libre acceso a la información, incluso para las funciones no judiciales del sistema jurídico”, dijo Block.

El proyecto de ley enmendado fue aprobado por un comité del senado el mes pasado y ahora se dirige al senado para su votación.

En la conferencia de prensa del miércoles, el senador Hastings dijo que el proyecto de ley era un paso hacia adelante para la transparencia de una oficina que ha operado en la oscuridad durante demasiado tiempo y estaba seguro de que el proyecto de ley pasaría por el senado y la cámara de representantes de Illinois.

“Esta iniciativa tiene que ver con un buen gobierno y transparencia. Muchos legisladores en Springfield se dan cuenta de la necesidad de eso”, dijo.

Alex Nitkin de The Daily Line contribuyó con este reportaje.

Traducido por Marcela Cartagena